El nuevo gobierno andaluz de coalición entre el PP y Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados en la estrategia judicial que mantenía la Administración autonómica respecto a los casos de corrupción. Y ha empezado por el mayor de todos, la macrocausa de los ERE, reclamando a la Audiencia Provincial de Sevilla que reabra el procedimiento original que inició la juez Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 para investigar el fraude en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Dirección General de Trabajo.

El nuevo ejecutivo que preside Juanma Moreno ha enmendado la actuación que han venido manteniendo los gobiernos socialistas primero de José Antonio Griñán y luego de Susana Díaz, y que básicamente consistía en poner trabas de todo tipo a las investigaciones judiciales.

María Ángeles Núñez Bolaños

Los servicios jurídicos de la Junta han presentado un recurso contra el auto, de 27 de marzo de este año, del juzgado de Instrucción 6, ahora en manos de la juez María Núñez Bolaños, por el que se confirmaba el archivo de la llamada causa matriz de los ERE, que fue dividida, en julio y en noviembre de 2015, en tantas piezas como ayudas supuestamente irregulares se concedieron.

Alega el letrado de la Administración andaluza que existe riesgo cierto de prescripción en buena parte de estas ayudas, todas aquellas que todavía no se están investigando. Y es que muchas de estas piezas ni siquiera se han incoado aún por parte del juzgado instructor.

Apunta, en esta línea, que «la mera incoación de piezas no sirve para nada si, previamente en las diligencias previas o simultáneamente a su incoación, no se acuerda la llamada al procedimiento de las personas respecto de las que existan indicios de acuerdo con la documental que consta, toda vez que no se vería interrumpida la prescripción».

El auto de archivo, dice el recurso al que ha tenido acceso este periódico, «vulnera los derechos» de la Junta, que ejerce la acusación particular, ya que «podría verse perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados».

El gobierno andaluz ya dijo hace meses, en otro recurso al juzgado, que el archivo era «prematuro» y ahora hace hincapié en que no se puede cerrar la causa matriz sin que se estén investigando todas y cada una de las ayudas bajo sospecha.

El cambio de rumbo jurídico se produce después de que el ejecutivo haya llevado a cabo, de forma interna, un estudio a fondo en cada una de las causas de corrupción abiertas para determinar qué estrategia se ha seguido hasta ahora y qué se debe hacer en los próximos meses con el objetivo de recuperar el dinero público y que no haya impunidad.

Como primer paso, el Gobierno andaluz se personó en la investigación que dirige la juez Núñez Bolaños, sobre las tarjetas ‘black’ de la Faffe, la fundación de Empleo de la Junta creada para formar a los parados, pero que se convirtió en una agencia de colocación para ex dirigentes del PSOE, familiares y allegados.

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