Tras la negativa de Quim Torra a aplicar las sucesivas órdenes para retirar esos símbolos contrarios al deber de neutralidad, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido poner en marcha las tres vías de actuación a su alcance.

Por un lado, ha cursado órdenes a la Consejería de Interior de la Generalitat para que los mossos retiren esos símbolos partidistas, tanto los lazos amarillos y las ‘esteladas’ como las otras pancartas de similar contenido que se han decidido colocar este jueves como alternativa y que siguen vulnerando el deber de neutralidad porque siguen hablando de los autodenominados «presos políticos» que son candidatos de dos partidos concretos (ERC y Junts-PDeCAT).

En segundo lugar, se ha acordado abrir un expediente administrativo al presidente de la Generalitat por no haber accedido a cumplir las órdenes de retirada de los símbolos, lo que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros.

Y, en tercer lugar, se ha dado el primer paso en la vía penal, pues la JEC ha enviado las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la CUP), e incluso prisión.

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