La jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.
La querella, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada operación Catalunya, fue admitida a trámite en 2020 e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
La jueza de instrucción número 2 de Andorra ha expedido comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da quince días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio.
También ha acordado remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez, que ya fueron citados en su día, pero no se presentaron. Pino contestó diciendo que se había jubilado y Díez, desde la embajada española en México donde había sido destinado, pidió aclaraciones, lo que sirvió para devolverla a Madrid y dejarla sin cumplimentar.
La querella inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada “policía patriótica”, pero posteriormente se amplió a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol.
Delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental
La denuncia fue presentada por delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental contra Rajoy y Fernández Díaz, a quienes se acusaba de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr extraer información de cuentas bancarias de políticos catalanes en Andorra, como Artur Mas, Oriol Junqueras o la familia Pujol.
Según la denuncia, el Gobierno habría extorsionado y amenazado a los responsables del BPA con cerrar la entidad y su filial española Banco Madrid si no facilitaban la información que le exigían.
