El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha rechazado la querella presentada por Manos Limpias contra responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El motivo: “falta de base indiciaria mínima” para establecer un vínculo entre las actuaciones de estas entidades y el fallecimiento de una persona en el barrio de La Torre durante la DANA del 29 de octubre. Esta decisión no es casual, sino un recordatorio de que la justicia no puede ser instrumentalizada para desviar la atención de las verdaderas responsabilidades.
La DANA dejó un rastro de destrucción sin precedentes: 220 fallecidos, daños millonarios en más de 80 municipios y un paisaje devastado en toda la provincia de Valencia. Sin embargo, en lugar de centrar el foco en la gestión autonómica, ciertos sectores intentaron desviar la atención hacia instituciones como Aemet y la CHJ, organismos que, paradójicamente, emitieron alertas que no fueron atendidas con la urgencia requerida.
El tribunal no ha encontrado evidencias suficientes para señalar que las decisiones de estas instituciones contribuyeran al desastre. Los hechos demuestran que el problema no radica en los pronósticos climáticos ni en la gestión hidráulica, sino en la falta de acción política ante una emergencia anunciada. La querella de Manos Limpias queda desestimada, pero la pregunta persiste: ¿quién responde por las 220 vidas perdidas?
Mientras la justicia desmonta las acusaciones contra Aemet y la CHJ, las denuncias contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avanzan. Cinco procedimientos judiciales están en curso, incluyendo dos querellas y tres denuncias que lo señalan directamente por su gestión durante la DANA. Entre ellas destacan la presentada por la organización Iustitia Europa y otra del sindicato CGT, que apunta a un posible delito contra los derechos de las y los trabajadores por la falta de medidas preventivas.
En contraste con la rapidez con la que se intentó responsabilizar a Aemet y a la CHJ, las acciones contra Mazón enfrentan trabas administrativas y dilaciones. En uno de los casos, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha solicitado al denunciante presentar documentación adicional para continuar con el procedimiento. El retraso, sin embargo, no oculta el creciente escrutinio sobre la gestión del presidente autonómico.
El epicentro de las críticas es la decisión de no declarar la “emergencia catastrófica” pese a la magnitud del desastre. Este hecho, según expertos legales y colectivos sociales, podría constituir una grave negligencia administrativa. A esto se suma la revelación de que Mazón pasó buena parte del día de la tragedia en una comida privada, lejos de los centros de coordinación de emergencias. La falta de liderazgo y de respuestas efectivas ensombrecen su mandato.
Las denuncias contra Mazón no solo plantean cuestiones legales, sino también morales. ¿Cómo puede un gobierno justificar su inacción en una catástrofe que cobró tantas vidas? Las comunidades afectadas todavía esperan una respuesta. Mientras tanto, la justicia debe determinar si esta inacción tiene consecuencias penales.
La desestimación de la querella contra Aemet y la CHJ deja claro que los responsables no están en los organismos técnicos. El foco debe permanecer en quienes tenían el poder para actuar y no lo hicieron.
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