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El juzgado nº 7 de lo Contencioso-Administrativo ha dictado la suspensión cautelar del plan del Ayuntamiento de Madrid para desactivar Madrid Central mediante la supresión temporal de multas en respuesta al recurso de la organización Greenpeace. Es el tercer golpe que le da al alcalde José Luis Martínez-Almeida la justicia con este tema y el Ayuntamiento todavía sopesa si recurrir esta baterías de reveses judiciales.

El escrito de la ONG ecologista insiste en la obligación de proteger la salud y el medio ambiente «exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales«, explica. 

Este auto coincide con los otros dos ya firmados y que han entendido que la protección a la salud y el medio ambiente deben primar en la acción de los poderes públicos y que la decisión del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) apoyados por Vox no cumple, con este precepto.

El magistrado del juzgado número 7, Carlos Sánchez Sanz, es el mismo que el pasado 16 de julio ordenó la reinstauración de las multas al paralizar provisionalmente el acuerdo de la Junta de Gobierno que las congeló.

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