Colectivos sociales y políticos de toda Galicia han denunciado que la Ley 5/2017 puede derivar hacia la imposición de proyectos eólicos, mineros y forestales / Wikimedia Commons

Según afirma la Asociación Salvemos Cabana, la ley 5/2017, de fomento de implantación de iniciativas empresariales en Galicia podría no haberse aprobado conforme al ordenamiento jurídico europeo al no haber transpuesto todavía el Gobierno Español la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de derterminados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El plazo para esta acción, que finalizaba el 16 de mayo pasado, determina que la Unión Europea puede llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales de Galicia, aprobada en octubre de 2017, estaría en un limbo jurídico que, a juicio de Salvemos Cabana, podría echarla abajo, pues el cambio de normativa europea también es de obligado cumplimiento para los gobiernos regionales, lo que también recordó el pasado diciembre desde el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde.

Como ya han venido denunciando sobre esta norma otras asociaciones ambientales como Petón do Lobo, Cova Crea y Ouriol do Anllóns, que al igual que Salvemos Cabana y numerosos colectivos sociales y políticos de toda Galicia han considerado como inaceptable tras su aprobación sin consenso en el Parlamento de Galicia, el peligro de la misma reside, entre otros factores, en la reducción significativa de plazos en los procesos de información pública, lo que impide en la práctica la evaluación y repercusión que determinados proyectos públicos y privados y los efectos que estos pueden tener sobre el medio ambiente, lo que puede afectar significativamente a otros sectores tradicionales en el ámbito rural gallego como la agricultura y la ganadería.

Tal y como afirmó se afirmó desde Salvemos Cabana durante el agitado debate de esta norma legislativa, “es el rural el que está en juego” y se atisban “consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo” pues “en el actual contexto de reducción de las normativas de protección de la naturaleza y el territorio, en el que muchos informes ambientales salen adelante sin el rigor debido, y donde no se valoran otros parámetros que no sean los de primar las cuentas de resultados de las grandes corporaciones” esta ley “tendrá consecuencias imprevisibles para el futuro y supondrá una nueva vuelta de tuerca a la actual situación de desastre técnico y pésima gestión que de manera crónica sufre el medio ambiente en Galicia”, razón por la que ahora celebran que sea la actuación de la Comisión Europea la que pueda dar marcha atrás a la ley que consideran “un error histórico para Galicia”.

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