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Andrea Manzano

Hoy se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. ¿Qué ha supuesto esta ley para el disfrute de los derechos y libertades en España?

Esta Ley fue muy rechazada por la oposición, siendo aprobada únicamente con los votos del PP. La Ley de Seguridad Ciudadana ha sufrido diversas vicisitudes: desgastó al Ejecutivo, fue ampliamente contestada por los grupos parlamentarios y recurrida al Tribunal Constitucional.

Tres objeciones principales sufrió esta ley durante su trámite: los jueces pierden el control previo de las sanciones de conductas, al pasar de ser conaideradas faltas a multas administrativas; se restringe el derecho de manifestación, sancionándose cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana frente a edificios gubernamentales; por último, se impide la difusión de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al eliminar el control judicial previo, la palabra de un agente de policía que denuncie una infracción leve serviría para condenar al supuesto infractor. Además, las sanciones no estarán graduadas en función del nivel de ingresos.

Leves penadas con multas de entre 100 y 600 euros:

  • No identificarse
  • Ocupar un inmueble o una entidad bancaria
  • Escalar edificios
  • Insultar a la policía en una manifestación o protesta
  • Venta ambulante en la vía pública, el llamado top manta
  • Consumir bebidas alcohólicas en la calle

Graves con entre 601 y 30.000 euros:

  • Impedir un desahucio
  • No finalizar una manifestación cuando se requiera
  • Grabar a la Policía o difundir imágenes sin autorización
  • Manifestarse frente a la sede del Congreso, Senado o un Parlamento autonómicos perturbando la seguridad
  • Consumir drogas en lugares públicos
  • Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores

Muy graves que conllevan multas de 30.001 y 600.000 euros:

  • Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos
  • Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente
Disturbios el 1 de octubre en Cataluña.

Pero sin duda, por lo que más recordaremos a esta ley  es por los constantes juicios contra raperos, humoristas o artistas. Personas que han tenido que dar cuenta de su ideología, arte o concepción ante un tribunal.

Uno de los casos más llamativos en este sentido ha sido el del humorista Facu Díaz. El uruguayo, actual codirector de No Te Metas En Política junto a Miguel Maldonado, tuvo que ir a declarar por un sketch de la Tuerka en el que hacía referencia a la disolución del PP con una estética que recordaba a las usadas por la banda terrorista ETA.Tiempo después, tuvo que volver a declarar por un chiste de 2013, de índole religiosa. Fue absuelto, al igual que Cassandra Vera. La joven de 21 años fue condenada por varios tweets con chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, pero, tras recurrir a diversas instancias, el Tribunal Supremo la absolvió por ser “un chiste fácil”. También fue llamativa la citación de Wyoming y Dani Mateo a la Audiencia Nacional. Los humoristas del Intermedio tuvieron que declarar ante un juez tras afirmar en un sketch que la Cruz del Valle de los Caídos era grande porque “Normal, porque quien querría ver esa mierda de cerca” dijo textualmente Dani Mateo.

Peor suerte han corrido los raperos Pablo Hásel y Valtonyc, y el grupo La Insurgencia. Valtonyc fue condenado a tres años y medio por injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas, y ya se han iniciado los trámites para su entrada en prisión. A Pablo Hasél le han condenado, de nuevo, por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y las Instituciones del Estado, con el agravante de reincidencia. Para él piden dos años de cárcel y un día, y 24.300€.  A los chicos de La Insurgencia les condenaron a dos años y un día por delitos de enaltecimiento del terrorismo. No podemos olvidar tampoco a Cesar Strawberry, condenado a un año de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo.

Es necesario hacer una reflexión sobre este tipo de leyes que restringen nuestros derechos fundamentales, como los de manifestación, libertad de expresión, comunicación u opinión, bajo el pretexto de hacer un país seguro. Realmente lo que se consigue así no es seguridad, sino miedo. Miedo a ejercer unos derechos constitucionales que deberían poder ser del disfrute de todos, sean de la ideología que sean. En un Estado democrático y de Derecho, nadie debería tener miedo a decir lo que piensa, y a expresarlo de la forma que considere oportuno: tweets o canciones, entre otras formas de expresión.

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