La lucha por el derecho al voto de todas las personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión ha organizado aquí un simulacro de voto para que las personas con discapacidad intelectual se familiaricen con las urnas, las cabinas y las papeletas que recrean con bastante exactitud las que se usarán en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Es otra de las muchas reivindicaciones de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, pero que nuestra legislación va trasponiendo a retales.

En 2011, Plena Inclusión puso en marcha la campaña la campaña ‘Mi voto cuenta‘, para cambiar la LOREG . Se reunieron con todos los partidos políticos y se manifestaron frente al Congreso para visibilizar su lucha.

Es la primera vez que todas las personas con discapacidad intelectual (220.199 mayores de edad en el último censo del IMSERSO) podrán ejercer su derecho al voto. Lo tienen por ley, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se lo arrebataba a las personas incapacitadas legalmente, si así lo recogía el juez en su sentencia, lo que era habitual.

Recuperar el derecho al voto para las personas incapacitadas legalmente era una odisea antes del cambio de ley. Tenían que emprender otro proceso legal y someterse a una entrevista «con preguntas muy complicadas que la mayor parte de la población española no podría responder. Por ejemplo, qué partidos son republicanos y cuáles son monárquicos, o cuáles van más a favor de los trabajadores o de los empresarios», cuenta Araoz. «Si se examina la capacidad de voto hay que examinarla sobre toda la población, no solo sobre un colectivo, guiados por un prejuicio».

 

Imagen de la campaña «Mi voto cuenta»

Con la reforma han recuperado automáticamente su derecho al sufragio 100.000 personas con discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o enfermedad mental.

La incapacitación legal es una figura jurídica de protección. Las familias suelen solicitarla para poder seguir tutelando las decisiones de las personas con discapacidad, sobre todo a nivel económico. Ahora las organizaciones apuestan por un modelo diferente que respete aún más la autonomía de las personas para que puedan ejercer la capacidad jurídica con los apoyos que necesiten.


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