El caso de La Manada llega este viernes al Tribunal Supremo, que empezará a estudiar los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirmó la decisión de la Audiencia Provincial de condenar a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a los cinco amigos que atacaron a una joven en los Sanfermines de 2016.

El tribunal que escuchará tanto la Fiscalía, como la acusación particular -que representa a la víctima- y las acusaciones populares -en representación del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona-, quienes piden que los hechos se califiquen como agresión sexual. Las defensas de los cinco acusados (José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Cabezuelo) reclaman la absolución.

Los jueces de la Audiencia Provincial consideraron hace meses que “las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida” tras encontrarse “de pronto en un lugar angosto y recóndito, rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron impresionada y sin capacidad de reacción”.

Tras conocerse este fallo, colectivos de mujeres convocaron protestas en toda España y representantes de todos los partidos políticos se manifestaron en contra de la decisión judicial, que precipitó la reforma del capítulo dedicado a los delitos sexuales en el Código Penal. El texto aún no está aprobado pero la propuesta pasa por igualar la «agresión en manada” a actuar con violencia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, como ya hizo el ministerio público en el tribunal superior de Navarra, defiende que se duplique la condena hasta los 18 años de cárcel por considerar que los cinco jóvenes agredieron sexualmente a la víctima, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Los fiscales piden también que, una vez cumplida la condena de cárcel, los acusados cumplan 10 años de libertad vigilada e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años.

Se solicita dos años más para Guerrero por el robo con intimidación del móvil de la víctima.

Las tres opciones

-Confirmar que se trató de abuso sexual (9 años de cárcel)

-Elevarlo a agresión sexual (18 años de prisión)

-Absolución

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