El Comité Intercentros de la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) secunda la denuncia vecinal sobre el caso y exige el cese inmediato de Alfonso Sánchez Izquierdo como director general del ente.

Pablo Núñez Fernández, empleado de la filial de Atalaya Mining Cobre San Rafael, durante su intervención en los informativos de la TVG. Recientemente estuvo implicado en una polémica por la utilización interesada del Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) para promocionar el proyecto de reapertura de la mina de Touro por parte de su empresa.

A mediados de marzo, la Plataforma vecinal Cornado Mina Non puso en conocimiento del organismo de representación de la plantilla de la corporación de medios la «descarada utilización» que la minera Cobre San Rafael, filial de Explotaciones Gallegas y la multinacional chipriota Atalaya Mining hizo el pasado 10 de marzo del servicio de informativos de la cadena para promocionar a lo largo del día en diversos espacios su «pretendida restauración ambiental» de las aguas de la mina de Touro al tiempo que «se silenciaban las protestas y reclamaciones vecinales de las miles de familias afectadas por el proyecto extractivo».

Tras analizar el caso en detalle, el comité de empresa del ente público ha secundado la queja y exigido la dimisión del Alfonso Sánchez Izquierdo como director general del ente «por este nuevo e inaceptable episodio de manipulación informativa» que consideran «contrario a los principios de objetividad, imparcialidad, veracidad y neutralidad informativa en los que se debe inspirar la actividad de comunicación audiovisual de la Corporación».

El Comité Intercentros de la CRTVG demanda el cese inmediato de Alfonso Sánchez Izquierdo al frente de la corporación de medios.

Para las comunidades afectadas por el proyecto minero de Cobre San Rafael, la manipulación informativa en la TVG «resulta completamente inaceptable» por «la utilización de un medio público, financiado con los impuestos de todas y de todos para promocionar el interés privado de una empresa, Atalaya Mining, conocida a nivel estatal por su conflictividad en el proyecto andaluz de Riotinto, en el que alberga un sistema de balsas mineras considerado como el más peligroso de Europa y una política de empresa que acumula expedientes sancionadores, escándalos internos, altos niveles de siniestralidad laboral y numerosos incumplimientos en materia ambiental, que incluso han llegado a derivar en actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía»-

De igual manera, advierten que Explotaciones Gallegas, como propietaria de los terrenos de la mina, ha recibido en los últimos años más de 80.000 euros en multas por sus vertidos incontrolados y diversas irregularidades cometidas en relación con el dominio público hidráulico.

«En estas lamentables circunstancias Cobre San Rafael, filial conjunta de las dos empresas promotoras, pretende ahora ejercer de ‘salvadora’ del medio ambiente más contaminado de Galicia dando una visión parcial en la que silencia de manera interesada la existencia de miles de toneladas de lodos tóxicos de depósito de arrastre con elevados niveles de metales pesados -muy peligrosos para la salud pública y el medio ambiente- esparcidos en una amplísima superficie que están envenenando la cuenca fluvial del Ulla y finalmente derivan hacia la ría de Arousa», manifiestan desde la Plataforma vecinal Cornado Mina Non, recordando que «mientras estos sucede y la Televisión de Galicia está siendo utilizada como un gabinete de prensa paralelo de la minera se están silenciando las reclamaciones vecinales y su perspectiva ocultando que el proyecto de restauración ‘cacareado’ por Cobre San Rafael se debe única y exclusivamente al requerimiento impuesto en 2018 por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas y la mercantil Explotaciones Gallegas a presentar un proyecto de drenaje, tratamiento y control de aguas en cumplimiento de la legislación vigente tras 30 años de abandono de sus obligaciones legales».