Según los últimos datos publicados por la agencia Tributaria, cada vez son menos las grandes fortunas que pagan el Impuesto de Patrimonio.

El número de declarantes que poseen patrimonios superiores a los 30 millones de euros ha descendido en España pasando de los 611 contribuyentes de 2017 a los 608 a cierre de 2018. Y solo 202 pagaron este tributo, la cifra más baja desde 2013.

En conjunto estos 202 contribuyentes pagaron 135 millones de euros en 2018 en concepto de Impuesto de Patrimonio. Los 42.000 contribuyentes que tiene entre 1,5 y 6 millones de euros pagaron en conjunto casi 570 millones de euros y los 3.200 con un patrimonio que se mueve entre los 6 y los 30 millones sumaron algo menos de 250 millones a las arcas públicas.

Cada comunidad cuenta con sus propios tramos de renta y gravámenes específicos. Además la comunidad de Madrid es la única que bonifica al 100% este impuesto, beneficiando así a 17.291 contribuyentes con más de dos millones de euros de patrimonio y que supone una merma de unos 905 millones en la recaudación fiscal.

Esta ventaja fiscal ha provocado que la comunidad se convierta año tras año en un imán para los grandes patrimonios que han optado por tener allí su domicilio fiscal.

Sin contabilizar las cifras de la comunidad de Madrid y sin sumar los datos de País Vasco y Navarra, que tienen regímenes fiscales propios, la comunidad en la que más peso tiene este impuesto es Catalunya, con 75.222 declarantes que aportan a las arcas públicas más de 512 millones de euros.

Le sigue la Comunidad Valenciana con 21.500 contribuyentes (12%) y Andalucía con 16.000 declarantes (9%). Extremadura, La Rioja, Asturias o Castilla-La Mancha están ganando posiciones y superan cada una el 1% de peso sobre el total de estos contribuyentes, que suman a nivel estatal cerca de 170.000 personas.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, para ser recuperado tres años después por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

El pasado mes de diciembre, el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos ponía sobre la mesa un nuevo impuesto a las grandes fortunas, por el que la formación morada pretendía que los patrimonios que superasen el millón de euros gravasen entre un 2% y un 3,5% y que no se beneficiasen de ninguna bonificación por parte de las comunidades autónomas.

La propuesta supone dejar exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros y comenzar a gravar las fortunas a partir del millón de euros: un 2% hasta los 10 millones; un 2,5% hasta 50 millones; el 3% hasta 100 millones y el 3,5% a partir de ese volumen.

A día de hoy, este impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. A partir de ahí, las comunidades pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones.