La mujer en el mercado de trabajo y algunas notas previas para el próximo 8M

Cynthia Duque Ordóñez
Coordinadora de Internacional en Contrainformacion.es


Clara Zetkin, su nombre es sinónimo de liberación, de lucha, de igualdad; es también el nombre o unos de los nombres del Derecho del Trabajo para las mujeres, por ese motivo quería empezar recordándola.

Ella no solo creía en la prohibición de la discriminación -artículo 14 CE- sino que la completaba con la igualdad efectiva, que hoy nuestra Constitución consagra -teóricamente- en el artículo 9.2[1] y defendía con fiereza la imperante necesidad de abolir los esquemas o roles que oprimían a las mujeres en la sociedad burguesa porque mientras existieran estos roles no habría igualdad real entre hombres y mujeres. Por ejemplo, mientras el trabajo de cuidados y no remunerado recayera en exclusividad sobre las mujeres, éstas no podrían entrar en el mercado de trabajo y obtener la independencia económica previa a la independencia social.

Se acerca una fecha que para aquellas que nos llamamos feministas nos amarga, pero nos da esperanza: el día ocho de marzo, el día de la mujer trabajadora en honor a aquellas 146 mujeres que murieron calcinadas en la fábrica textil en la que trabajaban, un fatídico 8 de marzo de 1908, en Nueva York a causa de un incendio provocado por las bombas que la patronal lanzó al interior de la fábrica ante la negativa de las trabajadoras de abandonar su encierro, mediante el que protestaban contra los bajos salarios e insalubres condiciones en las que trabajaban. Un episodio que nos reafirma en la lucha, porque los derechos de los y las trabajadoras son el fruto de la sangre y las lágrimas vertidas por aquellos que no tuvieron miedo a soñar que un mundo más justo era posible. No olvidemos nunca que el derecho no se escribe en piedra, lo construye el pueblo, pues suya es la soberanía, de la que emana el Poder Legislativo.

Ha pasado más de un siglo desde que Clara Zetkin demandara la celebración de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora para exigir derechos civiles, sociales y políticos, sin embargo, estamos lejos de conseguirlo, aunque cada vez más cerca de ellos. Más que nunca la guía de mujeres como ella y otras como Clara Campoamor, Alekxandra Kollontai o Rosa Lusemburgo son más importantes que nunca para no caer en falsos mitos que retuercen la realidad y adulteran la verdad, para que el liberalismo cambie de cara pero la opresión se perpetúe.

La trampa de la «conciliación»

¿Qué es trabajar? Una actividad humana básica e imprescindible, que consiste en crear riqueza, dar sentido a la vida, relacionarse con lo que está dentro y fuera de una o uno. Bajo este concepto natural las mujeres llevamos trabajando toda la vida, sin embargo, hemos estado excluidas del trabajo remunerado o empleo, el cual, nos permitiría conseguir los medios para vivir dignamente y de manera autónoma.

¿Por qué?

El capitalismo introdujo el binomio trabajo productivo ­– trabajo reproductivo o cuidados, aprovechándose de la existencia de discriminación sexual en la sociedad. Así se nutría de nuestro esfuerzo invisible y explica la ausencia de la mayor parte de los hombres en el sostenimiento de la vida o trabajo de cuidados.

Sin embargo, podemos decir que ha aumentado el número de mujeres en el trabajo productivo con respecto a hace 60 años cuando la mujer era propiedad del padre, hermano o marido y su vida se desarrollaba a la sombra del paraguas tuitivo de ellos, como en una eterna minoría de edad.

El estudio de la Encuesta de Población Activa nos puede llevar a la concluir que la inclusión de la mujer al mercado de trabajo ha reducido la desigualdad pues mientras la tasa de actividad de los hombres es de 64.45 puntos la de las mujeres es de 53.08, diez puntos menos, pero tendiendo ésta última al crecimiento. Sin embargo, ¿podemos decir que con la entrada de la mujer al mercado de trabajo se ha revertido la discriminación?

No, porque la mayoría de las mujeres han accedido al empleo, desde su inicial incorporación al trabajo “productivo”, con su impronta de género.

Los seres humanos entramos al mercado de trabajo con unas condiciones de vida previas en forma de expectativas de consumo, estilo de vida,  nacionalidad, nivel formativo o sexo -estatuto social- que determina que a igual trabajo y formación la mujer entre, permanezca y salga del mercado de trabajo -estatuto de empleo- de manera diferente al hombre, por ejemplo siendo contratadas a tiempo parcial[2] o temporal. Las diferentes condiciones de entrada, permanencia y salida de la mujer con respecto del hombre condicionan el salario, cualificación reconocida, jerarquía o poder dentro de la empresa -estatuto laboral- de este modo se reproducen y perpetúan los privilegios de los hombres en la sociedad, la política y la familia.

Durante los años 90 se impulsaron erróneamente políticas de conciliación que regresaban a la mujer al trabajo de cuidados, sin alterar ni los más mínimo el contrato social de base que adjudica a las mujeres un rol de cuidadoras que sustentaban sobre sus hombros una doble jornada o jornada interminable.

La conciliación reproduce los esquemas de la división sexual del trabajo y continua la discriminación en el ámbito familiar y social que acaba materializándose en las condiciones de entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo y por consiguiente en el estatuto de trabajo o laboral.

La huelga como motor del cambio

Nuestra Constitución fuertemente inspirada por la Constitución alemana de Weimar es progresista en cuanto al reconocimiento de derechos políticos y civiles, mas en múltiples aspectos es papel mojado, pues su desarrollo e interpretación en algunas ocasiones no está en las mejores manos, de lo cual, todos debemos hacer autocrítica porque a veces el pueblo callado o dormido, vive muy tranquilo.

Por otro lado, llevamos meses preparándonos para la huelga del día 8 de marzo, síntoma de que la anestesia social empieza a remitir.

Los derechos laborales de libertad sindical (artículo 28.1 CE) y derecho de huelga (artículo 28.2 CE) forman el núcleo duro de los derechos fundamentales, ya que son la base sobre la cual los trabajadores organizados pueden y deben organizarse contra las condiciones abusivas de trabajo que imponen los dueños de los medios de producción.

¿Hay condición más abusiva que la impuesta por el simple hecho de haber nacido hembra humana?

En este punto entroncan la igualdad efectiva con los derechos históricamente laborales cuyo ejercicio transmiten un mensaje a los Poderes Públicos: las masas quieren que se intervenga a través de políticas públicas para quebrar las condiciones desiguales de entrada, permanencia y salida de las mujeres al empleo, para que a igual formación y a igual trabajo obtengan las mismas condiciones de trabajo. Una vez que la mujer alcance autonomía e independencia -en definitiva poder- en la sociedad, la política y la economía no se reproducirán de nuevo las discriminaciones o posiciones subalternas en el ámbito familiar, aboliéndose en última instancia los roles de género.

La apuesta por políticas inclusivas basadas en la «corresponsabilidad»

Dos formas de incidir en el estatuto de trabajo: en primer lugar, la regulación del mercado de trabajo a través del uso del Derecho del trabajo y mediante la introducción de medidas inclusivas basadas en la corresponsabilidad y represivas de la discriminación; en segundo lugar, la promoción de empleo público. Recordemos de nuevo a Clara Zetkin cuando decía “lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer” refiriéndose justamente al la posición subalterna de la mujer en la familia burguesa tradicional.

El objetivo no ha de ser la incorporación de la mujer a empleos precarios -como se fomentaba con las políticas de la conciliación-, sino de transformar la dinámica de los mercados laborales, a fin de que funcionen en equidad, es decir, adecuadamente tanto para hombres como para mujeres y beneficien a la sociedad en su conjunto; se requieren cambios profundos en las instituciones económicas y sociales en todos los niveles, mediante una mayor implicación de los Poderes Públicos legitimados por mandato constitucional y social – pues ese es el mensaje que de la huelga se traduce-.

Posiblemente en las próximas décadas remitan las desigualdades por razón de sexo, pero no seamos ilusos e ilusas, el sistema económico ya se habrá adaptado. Las diferencias sociales entre inmigrantes y nacionales serán susceptibles de tomar el relevo tanto en lo que respecta a los beneficios económicos y productivos como en lo que respecta a la reproducción y perpetuación de privilegios sociales diferenciales para cada segmento de población.

 

[1] En el artículo 9.2 la Constitución Española establece que corresponde a los Poderes Públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural.

[2] El 74.59% de contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres según datos de la EPA del cuarto cuatrimestre de 2018.

Deja un comentario