España debe incorporar un mecanismo independiente de investigación y que éste tenga un mandato de supervisión de la actuación policial, estando facultado también para la investigación de incidentes concretos, bien tramitando quejas y denuncias ciudadanas o, en algunos casos, debido a su gravedad, de oficio.

Este mecanismo ya está en uso en otros países de nuestro entorno como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega.

La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), la ‘Ley Mordaza’, debe constituir una oportunidad para incorporar mecanismos adecuados de investigación de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, así como para implementar mecanismos de rendición de cuentas de la actividad policial, con personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores de los abusos.

Durante la tramitación del proyecto, se alertó de que la ley ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales, sin ningún mecanismo de control para evitar actuaciones policiales arbitrarias y/o abusivas, lo que puede implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos, en todo el procedimiento sancionador. La falta de mecanismos adecuados es especialmente grave cuando esta actuación puede interferir con el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión pacífica, expresión o información.

En numerosas ocasiones, muchas de estas sanciones prosperan en el ámbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial, basada en el principio de veracidad de funcionario público, sino por los costes aparejados a recurrir la sanción ante los tribunales (abogado y procurador, tasas judiciales) además de que algunas personas prefieran pagar la sanción para poder beneficiarse de la bonificación del 50% por “pronto pago”.

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