Redacción

​El viernes 9 de marzo fue aprobado en Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El Plan ha sido limitado y poco ambicioso, debería contar con la dotación presupuestaria necesaria y la mayor coordinación entre las Administraciones Públicas, además de ampliarse e incluir ayudas para colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género, desahuciados y familias con todos o parte de sus miembros en situaciones de desempleo, entre otros.

El sindicato UGT ha querido dejar constancia de los cambios necesarios en el texto antes de su posterior tramitación parlamentaria y, a falta de conocer el contenido final del texto, apuestan “por el derecho a una vivienda digna y adecuada. Una cuestión que, cuando se carezcan de recursos, se pueda invocar ante los poderes públicos y ejercitarse ante los tribunales de justicia, lo cual exigiría su conversión en derecho subjetivo, haciendo posible que todos los ciudadanos y ciudadanas estuviesen en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación“.

UGT indica que “es necesario dotar al Plan, aparte de una memoria sobre su impacto económico y presupuestario, de objetivos cuantitativos, desglosados por autonomías, con información regular y periódica, que permitiese conocer el número de actuaciones que en cada Programa presupuestario se pretende alcanzar, el número de ayudas al alquiler que se pretenden conceder en cada anualidad o bien la cifra de viviendas a rehabilitar o a construir, etc. pues de ello dependerá el éxito y alcance de esta norma, especialmente a la hora de valorar su impacto sobre el empleo“.

Si coinciden en el sindicato con los programas sobre los que va a actuar el Plan: jóvenes menores de 35 años, personas mayores, el fomento de parques públicos de viviendas en alquiler y la rehabilitación energética y las posibles soluciones a problemas de accesibilidad en las viviendas. Sin embargo, “dichas ayudas deberían hacerse también extensibles a colectivos vulnerables: víctimas de violencia de género, población extranjera, desahuciados, familias con todos o parte de sus miembros en situación de desempleo, etc.“, subrayan desde UGT.

Entendemos que un Plan de esta magnitud, dotado con suficiencia presupuestaria, puede contribuir de manera beneficiosa sobre la rehabilitación urbana y residencial, creando empleo de calidad y generando un considerable ahorro de energía y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero“, manifiestan desde el sindicato. Asimismo, “es necesaria la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación de los objetivos que se desprenden del Plan, con la presencia de los sectores sociales y económicos implicados, junto con los sindicatos y ello tanto a nivel estatal como autonómico“.

Para lograr el éxito del citado Plan sería precisa una mayor coordinación entre el Estado, Comunidades Autónomas y sobre todo la administración más cercana al ciudadano, los Ayuntamientos conocedores de la realidad social diaria de sus vecinos.

UGT finaliza indicando que estarán “atentos a la tramitación parlamentaria de la citada norma, proponiendo los cambios normativos que creamos oportunos a los diferentes grupos parlamentarios en aras de conseguir una norma que ayude a paliar el problema tan acuciante que sufre multitud de trabajadores y trabajadoras en su acceso a una vivienda digna“.

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