Cada día es más urgente que, tanto el Gobierno y la oposición, como los distintos agentes implicados en la lucha contra la pobreza (ONG, Asociaciones…), logren un compromiso social y político para erradicar la pobreza y reivindicar un marco de derechos y prestaciones económicas para todos los ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad.

Entre los acuerdos que deben alcanzarse, destaca por encima de todos la Prestación de Ingresos Mínimos presentada por diferentes partidos y sindicatos, que debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social. Los cálculos del coste de esta medida oscilan en función de la ayuda mensual que perciban los desempleados. Sin embargo, las diferentes estimaciones se mueven entre los 12.000 millones de euros y los 16.000 millones anuales.

La necesidad de cambios se ve fomentada por los datos: a fecha de 2017, más de 10 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza en nuestro país (un 21,6% de la población) y la OCDE constata que cerca del 15% de los hogares, en los que al menos uno de sus miembros trabaja, viven por debajo del umbral de la pobreza en España, sólo superado por Turquía.

El Secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, ha remarcado que “un país no se puede permitir que el 14,1% de las personas ocupadas se encuentren en riesgo de pobreza, el 13,1% de los jubilados y el 44,6% de los parados”.

La situación de pobreza infantil es alarmante, ya que supera el 28%, siendo el segundo país de la UE con más pobreza relativa en la infancia, sólo por detrás de Rumanía. Para luchar contra esto, se ha creado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, pero es necesaria dotación presupuestaria suficiente e implantar un Protocolo que proteja a los menores inmigrantes.

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