La nueva ciudadanía verde: necesaria pero no suficiente

Loïc Alejandro
Coportavoz federal de EQUO


La comunidad internacional lleva casi 50 años alertada sobre el deterioro del planeta, los límites del crecimiento y la necesidad de actuar. Ya en 1972 el informe «Los límites al crecimiento» encargado al MIT por el Club de Roma alertaba sobre la imposibilidad de un crecimiento infinito en un planeta finito, e invitaba a adoptar medidas para corregir esa tendencia. El informe fue actualizado posteriormente en 1992, 2004 y 2012: no solo el planteamiento original se confirma sino también que viene apoyado con más datos y estudios. Paralelamente, las Cumbres de la Tierra se han sucedido desde 1972, y dentro de su marco, las Conferencias de las Partes (COP) establecen cada año objetivos y acuerdos (más o menos ambiciosos) en cuanto a la lucha contra el calentamiento global. Es la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992 que consagra el «desarrollo sostenible» como panacea para resolver todos los problemas ambientales. Salvar el planeta, la comunidad científica lo tiene claro desde los años 70, y la comunidad política dice preocuparse de ello desde los 90. En aquel momento el diagnóstico común era que el obstáculo que había que sortear, para efectivamente resolver los problemas ambientales, era la falta de conciencia. Pero hay que reconocer que tres décadas más tarde, la situación ha empeorado en todos sus indicadores.

Entonces ¿qué está fallando?

Todavía hoy hablamos de falta de conciencia, pero ¿realmente es así?. Recordemos las innumerables luchas sociales contra proyectos que atentan contra la naturaleza, los y las numerosas activistas que arriesgan su vida y a veces la pierden por defender su entorno natural, las cumbres, congresos, conferencias, coloquios, los progresos conseguidos para que la ciudadanía adopte costumbres más sostenibles. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Foro Nesi, los consumidores españoles tienen cada vez más en cuenta los factores éticos y de sostenibilidad en sus hábitos de consumo. En 2018, la ciudadanía española fue la segunda población más preocupada por el calentamiento global con un 51 %, solo superada por la de Japón (52 %). Conciencia, hay cada vez más desde luego, pero puede que no suficiente todavía.

Así las cosas, la ciudadanía sería la responsable del calentamiento global y de los desastres medioambientales, porque no tendría la conciencia individual suficiente. Esto es obviar una parte importante del problema. La ciudadanía tiene que estar concienciada, sí sin duda, pero poner el foco solo sobre ella es injusto y sería distraernos de dos otros aspectos importantes.

En primer lugar, los y las ciudadanas entendemos el mundo con las herramientas que nos da la economía convencional como el PIB, el margen de beneficio, … Si no cambiamos los indicadores, difícilmente podremos imaginar otra forma de medir el progreso y actuar en consecuencia. Desgraciadamente, el mundo funciona con una definición del progreso que no se ha actualizado desde hace 50 años. Una mayor cantidad de residuo generada era sinónimo de crecimiento. Una mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre un cultivo era indicador de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón y se considera progreso coger un espacio natural y transformarlo en un macro-centro comercial. Por eso es necesario redefinir todos los indicadores de progreso, lo que permitirá a su vez actualizar la definición que damos a la palabra «progreso» para integrar en su significado la dimensión del cuidado del medio ambiente y de las generaciones futuras. Así la ciudadanía podrá tener las herramientas adecuadas para despertar una nueva conciencia.

En segundo lugar, la suma de las acciones individuales tiene su importancia, pero la ciudadanía no es la única que puede y debe tener un papel. El papá Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente. En ella escribe que «no basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe». Por eso no se puede responsabilizar solo a la ciudadanía al pedirle que adopte actitudes más sostenibles dentro del sistema actual. Primero porque su alcance para cambiar las cosas es limitado, y segundo porque diluye las responsabilidades.

Cuando se dice que los responsables de la situación somos «nosotros» ¿Quién es ese nosotros? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político social, es una abstracción. Frente a un determinado problema, decir que las responsables somos todos y todas, es hacerse trampas en solitario y no querer saber quién es el verdadero responsable o, lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Para mantener vigente un sistema de dominación, extracción y acumulación de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó a la «nueva ciudadanía verde». La nueva ciudadanía verde es sostenible, es amigable con el ambiente y es respetuosa con la naturaleza. Carga sobre sus espaldas con la noble tarea de salvar al planeta para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le pide, aún cuando su esfuerzo no resulte significativo.

La nueva ciudadanía verde separa los residuos, hace un uso eficiente del agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsa de tela al supermercado, se desplaza en bicicleta y en bus, y consume productos orgánicos. Y mientras tanto, en todos los sitios del planeta se sigue extrayendo los recursos naturales hasta agotarlos. En busca de mayor concentración y acumulación de riqueza bienes y poder, el neoliberalismo a través de sus estados y sus corporaciones apela al voluntarismo y al sentimiento de culpa de la nueva ciudadanía verde.

Hay que desmontar este relato. La ciudadanía no tiene la culpa de todo, y tampoco hay que esperar pacientemente a que esté suficientemente concienciada para que su peso sea determinante. Hay responsables identificados. Por ejemplo 100 empresas, con nombres y apellidos, son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Desde 1988, la industria de los combustibles fósiles ha duplicado su contribución al calentamiento global al emitir tanto gas de efecto invernadero en 31 años, como en los 237 años que separan el año 1988 y el nacimiento de la revolución industrial.

¿Es la nueva ciudadanía verde capaz de corregir esa situación? Indirectamente sí, haciendo presión poco a poco sobre sus corporaciones y sus responsables políticos, a través del consumo y de sus votos respectivamente. Pero sería descargar totalmente a las corporaciones y a las instituciones políticas de sus responsabilidades en la materia, como si fueran simples correas de transmisión, como si fueran meras herramientas neutras. No lo son. Son organismos y personas que cuentan con toda la información necesaria y que toman decisiones muy importantes conociendo el peso de cada una de esas decisiones. Y son directamente responsables por ello.

La sociedad es una construcción colectiva, y los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas. Las políticas públicas, como modo de expresión más alta de la conciencia para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, deberían respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner, biólogo estadounidense considerado como el fundador del movimiento ambientalista en el mundo.

Su primera ley establece que todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto, en el espacio o en el tiempo. Si se elabora una política agrícola que consiste en promover el monocultivo de soja transgénico en la mayoría del territorio, por acción o por omisión se está diseñando un escenario ambiental futuro determinado.

Su segunda ley recuerda que la naturaleza es la más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió sino porque lo testeó y la relación coste/beneficio no resultó positiva. La naturaleza no inventó el monocultivo simplemente porque ha comprobado que no es sostenible.

La tercera ley dice que en la naturaleza no existe eso de los «almuerzos gratis». No hay posibilidad de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados, porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Los recursos que extraemos de la naturaleza son finitos en la medida en que los consumimos mucho más rápido que se regeneran.

Por último la cuarta ley de la ecología de Barry Commoner afirma que no existen los residuos en la naturaleza y no hay un «afuera» dónde las cosas pueden ser arrojadas. La naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social, no natural. En la naturaleza lo que es residuo es a la vez recurso.

La nueva ciudadanía verde no es una superhéroina, pero sí es una condición necesaria si entendemos que es parte de un todo. Frente a la urgencia climática, a la desaparición de especies, a la contaminación del suelo, del aire y del agua, no es suficiente exigir más a la ciudadanía. Lo más importante es exigir políticas públicas responsables que definan las reglas de la vida en común, tanto para la ciudadanía como para las corporaciones, respetuosas con los ciclos, los equilibrios y los límites del medioambiente, y que buscan una vida digna para las generaciones presentes pero también para las generaciones futuras. La ecología política consiste en desarrollar este tipo de políticas públicas. Y los referentes en ecología política son los partidos verdes. En el estado español, es EQUO.


Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.

Ayúdanos a seguir ofreciendo Contrainformación.

Deja un comentario