Desde el Gobierno, pese a las reticencias, se ha pactado acuerdo sobre una ley de vivienda de alquiler, comprometida con Bruselas para el próximo año.

La única medida tangible para los arrendatarios en esta situación será temporal y restringida. Es decir, en el pacto comprometido en el seno del Gobierno se trata de una prórroga de medio año con condiciones iguales para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023.

Esto permitirá a quienes viven de alquiler ampliar su contrato seis meses sin aumento de precio en caso de que no haya acuerdo con el propietario para una renovación.

Aunque esta medida no es nueva, ya que se implementó durante casi dos años al comienzo de la pandemia, deja fuera de esta congelación temporal de precios a los nuevos contratos firmados y no limita las rentas de las nuevas viviendas que lleguen al mercado del alquiler.

Además, se aplicará solo a petición del arrendatario y el propietario deberá aceptar la solicitud, a menos que se hayan establecido otros términos por acuerdo entre las partes.

Desde las asociaciones infieren que aunque advierten de que solo supone “postergar el problema durante seis meses”, lo que es “totalmente insuficiente”.

“Con este nuevo decreto, el Gobierno está reconociendo la necesidad, la utilidad y la urgencia de regular el precio de los alquileres de forma generalizada para todos los inquilinos, aunque lo hace con medidas insuficientes y torpes. Ambas medidas son extremadamente tímidas para abordar un problema coyuntural como es la inflación”, aseveran las organizaciones de Madrid y Catalunya en un comunicado conjunto.

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