La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresó hoy su «preocupación» por las acusaciones de interferencia contra el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el enjuiciamiento de la constructora SNC-Lavalin.

La OCDE señaló en un comunicado que el grupo de trabajo sobre corrupción de la organización «está preocupado por las recientes denuncias de interferencia en el enjuiciamiento de SNC-Lavalin», empresa que está acusada de sobornar a funcionarios libios para obtener un contrato en el país norteafricano.

El organismo internacional añadió que «vigilará de forma estrecha» la información que proporcione Canadá sobre el caso y que ha enviado a las autoridades canadienses una carta «confirmando sus preocupaciones».

Canadá firmó en 1999 la Convención Antisoborno de la OCDE, lo que compromete al país norteamericano a cumplir el tratado «que requiere la independencia de enjuiciamiento en casos de soborno en el extranjero», señaló la OCDE.

«Además, factores políticos como los intereses económicos nacionales del país y la identidad de los acusados no deben influir en las investigaciones y enjuiciamientos de sobornos en el extranjero», añadió el organismo.

El caso de SNC-Lavalin ha provocado la dimisión de dos ministras del Gobierno de Trudeau, que dijeron haber estado en desacuerdo con las acciones de su gabinete para intentar favorecer a la mayor constructora del país.

SNC-Lavalin ha sido acusada por la Policía Montada canadiense de pagar sobornos a altos funcionarios del desaparecido régimen libio de Muamar el Gadafi, incluido uno de los hijos del dictador, para conseguir un contrato de 58 millones de dólares canadienses (unos 43,5 millones de dólares) en Libia.

La constructora, Trudeau y otros ministros de su gabinete quieren que la Fiscalía canadiense ofrezca a la compañía un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que evitaría que la empresa sea excluida durante 10 años de contratos públicos federales en Canadá.

La Fiscalía ha decidido que SNC-Lavalin no cumple las condiciones para recibir la oferta de acuerdo.

La que fue ministra de Justicia y fiscal general de Trudeau, Jody Wilson-Raybould, declaró en febrero ante el comité de Justicia del Parlamento que durante meses fue presionada por Trudeau y algunos de sus más cercanos colaboradores para que reconsiderase la decisión de la Fiscalía.

Wilson-Raybould y Jane Philpott, quien fue ministra del Tesoro, dimitieron por la respuesta de Trudeau a las acusaciones de presiones e interferencia política.

Trudeau y otros altos funcionarios han negado las presiones, pero sí han confirmado que creen que es necesario considerar las implicaciones económicas y laborales de una posible condena por corrupción contra SNC-Lavalin, que emplea 9.000 personas en Canadá.

El comunicado de hoy de la OCDE deja claro que, según la Convención Antisoborno que Canadá ha suscrito, esas consideraciones no deben ser parte del proceso de toma de decisión sobre el enjuiciamiento de SNC-Lavalin.