El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado jueves, día 2 de abril, por la vía de urgencia y en apenas hora y media de debate, un decreto-ley que elimina controles y garantías jurídicas en una amplia gama de actividades que afectan campos tan diversos como el medio ambiente, la seguridad sanitaria, la libertad de información y los derechos sociales de la ciudadanía. El decreto ley, que modifica hasta 27 leyes de una sola tacada, se ha aprobado en plena pandemia del coronavirus por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Los mismos partidos que bloquearon la posibilidad de que el presidente Moreno Bonilla compareciera en sede parlamentaria pese a la petición del PSOE y Adelante Andalucía y, sin que hasta el momento, ningún miembro del Ejecutivo andaluz haya ofrecido una rueda de prensa –ni presencial, ni telemática, ni plasmática- para responder a las preguntas de los periodistas. Resulta poco entendible esa actitud de silencio, máxime si el decreto respondiera realmente a su título: “Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía”. 

Este silencio resulta muy sospechoso. Hay, al menos, cuatro preguntas que me asaltan y me inquietan como periodista, como andaluz y como ciudadano: ¿Cómo es posible que el Ejecutivo no comparezca públicamente para poner en valor un decreto que aparentemente persigue fomentar la actividad productiva en Andalucía? ¿Cómo es posible que los mismos partidos que han presentado más de 500 preguntas en el Congreso sobre la crisis del coronavirus y exigen una respuesta inmediata a las mismas, bloqueen la comparecencia de Moreno Bonilla ante el Parlamento andaluz para explicar este decreto “Poyaque”? ¿Cómo es posible que los mismos partidos que critican la fórmula adoptada por Moncloa para las ruedas de prensa del coronavirus porque las preguntas de los medios sean filtradas y no haya posibilidad de repreguntar; opten por no convocar ninguna comparecencia ante los medios? ¿No resulta sospechosa esta omertá1, esta ley del silencio ante los medios y la ciudadanía con un decreto que, en buena parte, persigue modificar la Ley Audiovisual de Andalucía aprobada por unanimidad hace sólo dos años?

Para la primera pregunta sólo se me ocurren dos posibles respuestas, puede haber alguna más, pero el silencio de sus patrocinadores impide contrastar esos motivos. La primera respuesta es que este decreto tenga intenciones ocultas a las que proclama su pomposo título y la segunda, que no es excluyente con la anterior, es que esas supuestas medidas para el fomento de la actividad productiva en Andalucía incidan en la profundización del modelo de monocultivo turístico intensivo que ha puesto a nuestra tierra en una situación muy complicada para la recuperación económica cuando finalice la fase crítica sanitaria de la pandemia. Lo reconoce hasta el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuando afirma «lo del turismo es dramático: no podemos pensar que habrá 84 millones de turistas al día siguiente de que esto acabe«, tal como recoge eldiario.es en un artículo publicado el pasado 1 de abril y titulado “Y después de los ERTE, ¿qué? El sector turístico advierte que quizás no se recupere nunca?”2. Ahondar en el desarrollo de modelos económicos que nos han llevado a esta situación, denota una preocupante falta de imaginación, aunque, si hacemos caso a Albert Einstein puede ser más bien un síntoma de locura. Locura –afirmó el físico alemán- es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”. Falta de imaginación o locura son los diagnósticos mas benignos para estos políticos ya que sólo retratan un falta de competencia pasmosa para un responsable político de su nivel. La tercera opción sería peor ya que denotaría que, a pesar de conocer los riesgos de este modelo económico, insisten en llevarnos por él porque sirven a intereses económicos inconfesables. Una posibilidad que debería ser aclarada de forma urgente en lugar de hurtar cualquier explicación sobre la idoneidad de las medidas que proclaman perseguir. 

La respuesta a las preguntas 2ª y 3ª sólo se puede vislumbrar en el ámbito del cinismo político o directamente en la hipocresía. Para demostrarlo no es necesario recurrir a científicos, también pueden acudir a textos religiosos, mucho más queridos por partidos que recurrían a la Virgen del Rocío para que ayudaran a hacer su trabajo como hizo la ministra Fátima Báñez ante el desolador problema del paro que dejó la gestión en la anterior crisis económica. Pueden recurrir a los evangelios (Mateo 7:1-5) en el que define a la perfección esta manera de actuar  “¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” Sólo así se puede entender la combinación de la rigurosidad que se exige al Gobierno de la nación con la relajación que se aplican ellos mismos a la hora de explicar este decreto. Una norma, a la que denominaos “Decreto Poyaque”, porque da toda la impresión de que está redactado al calor de una situación de emergencia para dar salida a un proyecto vergonzante en el ámbito de la comunicación que, únicamente trata de favorecer a sus amigos y concretamente a la cadena COPE, la cadena de radiodifusión de la Iglesia, entidad que tampoco parece conocer las enseñanzas de San Mateo. Y ya que estamos metidos en faena, pues incluimos otra serie de normas que tienen poco que ver con la emergencia sanitaria y mucho que reforzar los intereses especulativos, tal como desgranaba Carmen Molina en un artículo publicado ayer mismo por Contrainformación. 

Poyaque, es una expresión malagueña (es posible que se emplee en otras provincias de Andalucía) que define muy bien la manera de actuar de los partidos políticos que sustentan al Gobierno de Moreno Bonilla, al menos en este caso. Se trata de una contracción de la expresión “pues ya que” y se suele utilizar en diversos contextos; uno de los más evidentes se da cuando una persona que contrata unos servicios para arreglar determinados desperfectos en su vivienda, con presupuesto cerrado, aprovecha la ocasión para tratar de colar de rondón otras actuaciones no previstas: “Poyaque estamos en faena –suele decir el ciudadano ventajista- podríamos aprovechar y dar una manita de pintura al patio” y esto, claro está, sin coste adicional alguno. Y esa ha sido la filosofía aplicada por el Gobierno andaluz para sacar adelante, una propuesta reglamentaria que trataba de modificar la Ley Audiovisual de Andalucía. Una propuesta que no tenía ningún consenso y contaba con la oposición frontal de la mayoría de los profesionales de la comunicación. Todo parecía indicar que el ejecutivo de Moreno Bonilla iba a retirar esta propuesta. Pero en ese momento se produce la crisis sanitaria y, utilizando la necesidad de relajar algunas normas para facilitar la adquisición de equipos sanitarios, extiende los efectos de la urgencia en esos casos concretos a modificar hasta 27 leyes que nada tienen que ver con el objetivo confesado. En ese paquete van incluidas la reforma de la ley audiovisual y otras normas que tratan, no ya de repetir las misma fórmulas que nos trajeron hasta aquí sino de profundizar en ellas. De locos o de locos de atar que diría Einstein.

Para finalizar, queda por responder a la 4ª pregunta. No voy a entrar en el detalle de todas las trampas que se ocultan en el “Decreto Poyaque” en el sector audiovisual. Para los que estén interesados recomiendo leer el comunicado suscrito por el Sindicato Andaluz de Periodistas3 y otras 18 organizaciones e instituciones relacionadas con el ámbito de la información, desde las facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla a 7 de las 8 asociaciones de prensa de Andalucía. El comunicado se hizo público el día 1 de abril, la víspera de que se produjera la vergonzosa sesión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. También podéis consultar los numerosos artículos publicados por El Observador durante las últimas semanas en los que se denuncia la intención del ejecutivo andaluz de legislar para beneficio de empresarios afines a su ideología; una de las bases del “capitalismo de amiguetes” que está detrás de muchas de las decisiones que han fomentado los casos de corrupción política y, como efecto colateral, ha tenido efectos devastadores en el tejido de servicios públicos, como la Sanidad, que hubieran sido imprescindibles para minimizar los efectos de la pandemia en nuestro país. En este sentido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, debería aclarar sus relaciones con la Cadena Cope y más concretamente con Adolfo Arjona. La información publicada por José Antonio Abellán y recogida por El Observador4 es, como mínimo perturbadora. Si continúa el ensordecedor silencio de la Junta sin explicar los motivos que le llevaron a aprobar de manera urgente el “Decreto Poyaque”, solo nos cabe pensar que se trata de la estrategia de omertá que “prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas”.


Antonio Somoza

Periodista


  1. La ley del silencio u omertáes el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas.
  2. https://www.eldiario.es/economia/despues-ERTEs-sector-turistico-recupere_0_1011749727.html
  3. https://www.spandalucia.com/las-organizaciones-firmantes-piden-a-la-junta-la-paralizacion-del-decreto-y-volver-al-consenso-sobre-el-audiovisual-andaluz/
  4. http://www.revistaelobservador.com/opinion/50-redaccion/15476-dossier-28-el-comunicador-j-a-abellan-acusa-al-consejero-elias-bendodo-de-ser-un-amoral-y-de-haber-recibido-dinero-negro-de-una-caja-existente-en-unicaja-de-adolfo-arjona-por-haber-validado-el-decretazo-que-beneficia-a-la-cope
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