Raquel Montón
Responsable de las campañas de Energía Nuclear y Movilidad de Greenpeace


Comienza un nuevo año y no son pocos los retos que se plantean en materia de transición energética; uno de ellos es, sin duda, el cierre de las nucleares. España cuenta con un parque nuclear envejecido, con siete reactores en funcionamiento y cuyas licencias comienzan a caducar al año que viene, siendo la última la de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, en el año 2024. Las nucleares están alcanzado una vida útil de 40 años.

A esta situación de envejecimiento se suman los planes de Iberdrola y Naturgy para cerrar sus reactores y el anuncio del Gobierno de realizar un cierre ordenado y planes de empleo alternativo. Por todo ello es un hecho ineludible que en España el fin de la energía nuclear se va a producir en la próxima década.

El reto para llevar a cabo este cierre nuclear no está en la seguridad de suministro eléctrico porque la viabilidad técnica de los cierres está demostrada, como indican estudios como el elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas de Madrid, que concluye que es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como del de la estabilidad de frecuencia y que existen varias opciones, que se diferencian en términos económicos y de emisiones, sin que las diferencias sean grandes. Respecto a la aportación de las nucleares para la reducción de emisiones, la descarbonización tiene múltiples soluciones mucho más eficientes económicamente que la ampliación de vida de las nucleares. Y otras cuestiones que se plantean como la subida del precio de la luz no están directamente relacionadas con la energía nuclear sino con el diseño del actual mercado eléctrico, que sin duda debe ser modificado. El auténtico desafío que afronta el Ministerio de Transición Ecológica es el cómo, cuándo y quién paga los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos producidos.

La primera oportunidad para ver cómo organizan este cierre las compañías eléctricas y los gobiernos, nacional y autonómico, la tenemos en Extremadura. Los operadores de la  central nuclear de Almaraz (Cáceres) tienen que decidir si piden el cierre esta primavera para no afrontar las inversiones millonarias que requeriría la ampliación de la licencia o asumir el gasto del desmantelamiento. Y las administraciones públicas deben garantizar las finanzas de los residuos nucleares y el empleo de la comarca. El cierre ordenado de las centrales nucleares, lejos de ser un problema (ya que, además, tiene un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad), puede suponer un importante incentivo para la economía española y la creación de empleo.

Las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondrán la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable. Además, implicarán un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros. Estos datos están basados en otro exhaustivo estudio elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales. Los dos sectores más beneficiados por la creación de empleo son el comercio y la hostelería, que aglutinan la mayor parte de los impactos inducidos, y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones.

Extremadura tiene un porcentaje de paro del 21,7% de la población activa, una tasa superior a la nacional, siendo la de Navalmoral de la Mata del 21,13% (es decir, semejante al de la comunidad autónoma en su conjunto). La instalación nuclear evidentemente no es la industria que Extremadura necesita para combatir el paro, sin duda, por lo que aprovechar la inversión económica que significa su desmantelamiento bien puede darle esta oportunidad para una transición justa.

Las administraciones públicas y las empresas deben planificar, comunicar e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran los emplazamientos nucleares, vinculados todo ellos al desmantelamiento de las instalaciones, y sobre todo facilitar la posibilidad de participación pública efectiva en todo este proceso. El fin de la era nuclear es el principio de una nueva economía justa e inclusiva que va de la mano de la ecología.