La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dejó claro este martes que espera gestos del Gobierno, como la liberación de los «presos políticos», para continuar las negociaciones reanudadas el 27 de febrero pasado y que se suspendieron después de ocho rondas.

Una de las negociadoras de la Alianza Cívica, la abogada constitucionalista Azahalea Solís, dijo a periodistas que están esperando la liberación de los opositores presos y la garantía de libertades públicas para negociar con el Gobierno la salida a la crisis que estalló en abril pasado.

«La libertad no es una concesión de (Daniel) Ortega, es un derecho humano fundamental, a cuenta de qué la tiene Ortega», criticó la jurista.

La alianza opositora dejó plantada este martes a la delegación gubernamental en las negociaciones, por segundo día consecutivo, tras alegar que solo retornará a la mesa cuando «el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz».

Entre las muestras de «buena voluntad» que reclama la Alianza al Gobierno está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas contra Ortega, el cese de la represión y «secuestros» y el hostigamiento a los familiares de los detenidos.

«El Gobierno no ha dado muestras en un tema central como es la libertad, que se respeten los derechos y garantías de los nicaragüenses, ¿Vamos a aceptar que somos esclavos y que no tenemos derecho a la libertad de expresión, de movilización, de organización?», cuestionó Solís.

Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, y la Asociación de Madres de Abril, entre otros, han anunciado su respaldo a la decisión de la Alianza.

Por su parte, el Gobierno sostuvo que está cumpliendo con su parte para resolver la crisis al presentarse en la mesa de negociación.

«Estamos en el local sede de las conversaciones, cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso de discutir todos los temas propuestos en el proyecto de agenda que se ha hecho público», dijo el jefe negociador del Gobierno, el ministro de Exteriores, Denis Moncada.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, mostró su confianza en que las negociaciones serán restablecidas.

«Confiamos en Dios en que lo mejor de nosotros mismos surja en las próximas horas, de manera que nos encontremos nuevamente como ha sido establecido», dijo Murillo, quien también es primera dama.

El lunes, el Ejecutivo autorizó al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien actúa como testigo y acompañante del proceso, visitar a 16 detenidos, entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes afrontan cargos por «fomentar e incitar al odio y la violencia» y «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».

Mientras, Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua, informó de que evaluará su participación en las negociaciones, a la que fue invitado por el Gobierno.

«He venido con cierto tiempo para conformarme una idea de la situación sobre la realidad e informar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las diversas posibilidades, si es que existen, de eventualmente participar» en la mesa de negociación, explicó.

Consultado sobre su eventual participación sin la previa liberación de los «presos políticos», el político uruguayo sostuvo que «todo eso es lo que vamos a evaluar».

El Gobierno invitó a la Secretaría General de la OEA después que exhortara a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense, y un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.