La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ofreció este jueves pedir ante la comunidad internacional que se abstenga de sanciones económicas hacia Nicaragua, siempre que el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados para que el país salga de su peor crisis sociopolítica en décadas.

«Estamos en la mejor disposición de avanzar en los acuerdos», dijo el jurista y miembro de la Alianza, José Pallais, quien advirtió que, con respecto al Gobierno, esto «significa avanzar en cualquier cumplimiento y llegar a acuerdos en temas pendientes, para solucionar esta crisis».

El tema de las sanciones resaltó esta semana luego de que el presidente Daniel Ortega mostró su descontento con que Estados Unidos sancionara a su hijo Laureano Ortega, cuya madre es la vicepresidenta Rosario Murillo, así como al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano.

Las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza se mantienen suspendidas desde el 3 de abril pasado, luego de que se firmaran 2 de 4 acuerdos posibles, de los cuales el Ejecutivo no ha cumplido con ninguno según los opositores.

Los acuerdos firmados se resumen en que el Gobierno libere a los 809 «presos políticos» que tiene y respete la Constitución en lo referido a la libertad de expresión y de prensa, todavía por cumplir.

Los temas que no se han discutido, según la Alianza por evasivas del Gobierno, son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia en Nicaragua.

Para el miembro de la Alianza Juan Sebastián Chamorro, no se puede pedir la suspensión de sanciones mientras la situación de Nicaragua no cambie.

«En este momento las condiciones que provocan las sanciones, permanecen: existen presos políticos, existen violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles», explicó Chamorro.

Pallais explicó que «sería irresponsabilidad» pedir la suspensión de las sanciones a la comunidad internacional en el contexto actual, ya que la oposición perdería «esa capacidad de actuar cuando las condiciones del país cambien».

Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social de abril de 2018, ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales señalan hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.

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