Paca Blanco, M.ª Ángeles Nieto y Luis Rico
Ecologistas en Acción


Aunque al día siguiente no cubrió las portadas de la prensa, el 18 de septiembre se vivió en el Congreso de los Diputados una sesión histórica, al aprobarse la realización del debate de la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). Quedan algunos pasos para conseguir que dicha ley forme parte de la legislación, pero es de celebrar que un texto que surge de un colectivo de personas tan alejadas del poder político ya haya llegado tan lejos. Si dicha iniciativa, que comienza en 2011, ha logrado tan largo recorrido es por la fuerza que ha alcanzado el movimiento en defensa de la vivienda, resultante del apoyo mutuo, la constancia, las alianzas que ha generado y el saber atender a una necesidad básica que el sistema actual es cada vez más incapaz de cubrir.

La PAH es en la actualidad un colectivo social clave del que el ecologismo (al igual que otros movimientos sociales) tiene mucho que impregnarse y aprender. Se trata de un movimiento de defensa del territorio y de la vida digna conformado por personas afectadas por un problema social, que tiene mucho de ambiental, en el que no por casualidad, las mujeres son las principales protagonistas. Es un movimiento que además aglutina a personas de diferentes nacionalidades y culturas, con funcionamiento asambleario y que ofrece un horizonte emancipador ante un problema de extrema gravedad.

Hace 15 años se publicó ‘El Ecologismo de los Pobres‘, un libro que recopila una serie de luchas que dan cuerpo a la Ecología Política y a la Economía Ecológica. En sus páginas se describen los cada vez más habituales casos de pueblos que defienden su territorio y el expolio de sus recursos frente a estados o multinacionales. Casos como el del movimiento Chipko en India, cuyas integrantes defendían el bosque que habitaban frente a las empresas madereras o como el del MOSOP,  que luchó por defender su región en el Delta del Niger de la actividad de la petrolera Shell y del régimen del dictador Sani Abacha. En la actualidad, luchas como la del COPIHN en Honduras, o del MAB en Brasil en contra los megaproyectos hidroeléctricos siguen esa misma lógica de defensa del territorio frente a la actuación de empresas y gobiernos. El informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida‘ de Ecologistas en Acción muestra varios ejemplos actuales, en los que empresas españolas como Repsol, ACS, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia están involucradas.

Estos movimientos, que en muchas ocasiones no se autodenominan a sí mismos ecologistas, sino defensores de su territorio y de su cultura, tienen bastantes rasgos en común. El primero es una crítica al modelo de desarrollo, especialmente al lucro empresarial del que son las principales personas afectadas. El segundo es la defensa de lo que el sistema económico es incapaz de valorar (aunque les ponga precio): valores culturales, espacios naturales, formas de vida o los derechos de uso de un territorio. La construcción de redes de apoyo mutuo y la resistencia no violenta sería otra de sus características, así como la alta presencia y protagonismo de mujeres en comparación con otros movimientos sociopolíticos. No es casualidad que en un sistema patriarcal sean las mujeres las que más se ven afectadas por la precariedad al ser destruido su territorio y quienes suelen tomar la iniciativa en la resistencia. Una última característica es que estos movimientos rompen la dicotomía entre conservación y desarrollo, pues sus propuestas no siguen la lógica del modelo productivista que reza que la conservación del medioambiente va en contra del desarrollo humano. Al contrario, ponen énfasis en que el problema, tanto medioambiental como social, proviene de poner los beneficios empresariales por encima de lo demás.

La PAH (al igual que otros movimientos en defensa de la vivienda, como los sindicatos de inquilinas) se ajusta bastante a este tipo de rasgos. Está compuesta fundamentalmente por las personas afectadas por la burbuja inmobiliaria o del alquiler. Defienden lo que sucesivos gobiernos han socavado en beneficio de las leyes del mercado: el derecho a la vivienda. Y en un contexto en el que el Estado es cada vez menos garante de derechos ha demostrado una gran capacidad de autoorganización y empoderamiento gracias a una fuerte red de apoyo, ya no solo entre las personas afectadas, sino con otros espacios activistas.

Lo que puede chocar más es la afirmación de que la lucha por el acceso a la vivienda tiene un importante contenido ambiental. La (falsa) creencia dice que las luchas ecologistas solo aparecen cuando las necesidades básicas están cubiertas. Sin embargo, el ecologismo (especialmente en España) ha combatido la especulación inmobiliaria en tanto ésta solo servía a los intereses de lucro de una pequeña parte de la población y fomentaba la degradación del territorio en múltiples facetas: destruyendo paisajes, agotando recursos, produciendo pérdida de biodiversidad y también expulsando a la gente sus casas, de sus pueblos y de sus barrios. El movimiento de defensa de la vivienda también ha puesto de manifiesto que el problema del acceso a la vivienda no está relacionado con la falta de oferta (como decía el discurso oficial), sino con esa misma especulación financiera. Y sus propuestas por asegurar el derecho a la vivienda en detrimento de las opciones de lucro en el sector inmobiliario coinciden con aquellas del ecologismo.

De la interconexión de los movimientos de vivienda con el ecologismo pueden surgir además propuestas más sólidas. La ley de vivienda de la PAH promueve medidas necesarias como la dación en pago retroactiva, una moratoria sobre desahucios, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para frenar aumentos abusivos del alquiler, la garantía de los suministros para erradicar la pobreza energética o el aumento del parque público de vivienda. Para conseguirlo, son necesarias una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acabe con el oligopolio energético y el injusto sistema de precios de la energía o reformas de la leyes del suelo (tanto a escala estatal como autonómica) que garanticen, por ejemplo, la existencia de suelo para parques públicos de vivienda.

Merece la pena recalcar la importancia de una nueva Ley de Suelo que impida la concepción del suelo como una mercancía, pues sin ésta será muy difícil garantizar el parque público, evitar su venta a fondos buitre o asegurar que sea de acceso exclusivo a una pequeña elite. Las leyes que rigen el suelo en la actualidad están fomentando que la necesaria rehabilitación del parque de vivienda solo se haga cuando va unida a procesos de gentrificación y turistización de cascos urbanos, mientras que en las áreas rurales se está ocupando suelo rústico de alto valor ecológico para segundas residencias que disfruta un pequeño porcentaje enriquecido de la población, para innecesarios parques temáticos o para realizar eventos elitistas en “entorno natural”. Sirva como ejemplo la Ciudad de Salud de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), una macrourbanización situada en espacio protegido y destinada a ‘turismo sanitario’ por el que, según el promotor ‘británicos, alemanes, rusos, árabes y nórdicos viajan a España atraídos por las cirugías estética, ocular, ortopédica y cardíaca’. Un despropósito cuyo objetivo real es sanear las cuentas de la empresa Metrovacesa. Y un nuevo ejemplo de un gobierno interviniendo para salvar una gran empresa mientras la población pierde derechos sociales.

El ecologismo social surge de la defensa del territorio y éste está conformado por todo: lo silvestre, lo rural, lo urbano y las personas que lo habitan. Por eso la alianza entre quienes defienden dicho territorio (como el movimiento en defensa de la vivienda y el ecologista) es más que necesaria y más en un país en el que gran parte de los problemas ambientales y sociales provienen de la especulación urbanística. Se trata, por lo tanto, de la misma lucha y hay mucho de lo que contagiarse y hacer conjuntamente. Las ganas están, como demuestra por ejemplo que se llenara un autobús con integrantes de la PAH para asistir a una movilización del Movimiento Ibérico Antinuclear en Lisboa.

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