Por Victoria Portas, experta en Seguridad social en la comisión legal COESPE y Modepen y Javier F. Ferrero, director de Contrainformación y Nueva Revolución y codirector de Encontro


La protección social trata de ayudar a hacer frente a una serie de riesgos como la pérdida del puesto de trabajo o de la capacidad de ganar dinero por causas como la invalidez o la vejez. El objetivo de esta protección es ayudar a la población a atenuar y poder hacer frente a estos riesgos intentando que mantengan un nivel de vida digno.

La Seguridad Social de España es el principal sistema de protección social del Estado. Su finalidad es garantizar unas prestaciones sociales para hacer frente a determinadas contingencias que pueden situar a la persona (y a quienes dependan de ella) en situación de necesidad. Las normas que rigen los sistemas de protección social en España son iguales para todas las personas, sin embargo cuando entramos a analizar cómo están protegidas las personas frente a situaciones de desempleo, jubilación, exclusión social, invalidez, etc.

Según se indica en el informe de la Coordinadora Estatal para la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE) «Brecha de Género: La pobreza tiene cara de mujer», en el 2017 han sido beneficiarias de prestación por desempleo un 52 % mujeres, con una cuantía media de prestación inferior en un 15 % a la de los hombres, y siempre por debajo de los 800€.

Tanto para los hombres como para las mujeres, la calidad de las prestaciones se ha deteriorado a lo largo del período de crisis, pero en el caso de las mujeres el deterioro ha sido mayor. El 41 % de los hombres con prestaciones son beneficiarios de prestaciones contributivas (de mayor cuantía que las asistenciales y con cotizaciones a la seguridad social), frente al 39 % de las mujeres en 2017.

El informe de la Coordinadora indica que la tasa media de cobertura frente al desempleo ha sido del 56,2 %. La diferencia entre la cobertura de hombres y mujeres es de 10 puntos porcentuales, con una menor protección de las mujeres frente al desempleo, siendo, además, las mayores perceptoras de prestaciones asistenciales (54 %).

Lo que determina el derecho a una prestación contributiva o a una prestación asistencial es el salario que percibía el trabajador mientras tenía empleo, que servirá para calcular la base reguladora de la prestación. Como se desprende de los datos, la brecha salarial que soportan las mujeres la llevan encima a los largo de toda su vida laboral con prestaciones también precarizadas.

Tras la reforma de la protección por desempleo, en el año 2012, es la reducción de la cuantía de la prestación en función de las horas trabajadas se vio reducida, dando lugar a cuantías de los subsidios que en muchos casos, no cubre ni las necesidades mínimas.  Según el texto de COESPE, un 68 % las mujeres soporta la parcialidad laboral y la parcialidad en las prestaciones, llevándolas a la máxima precariedad.

No solo se debe adecuar las jornadas completas a la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que además es necesario que la cuantía de los subsidios no se vea reducida debido a la parcialidad del trabajo


Artículos de la serie “La pobreza tiene cara de mujer”:

La pobreza tiene cara de mujer: Servicio doméstico

La pobreza tiene cara de mujer: Las tareas domésticas

La pobreza tiene cara de mujer: La desigualdad en el Mercado Laboral

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