Victoria Portas, experta en Seguridad social en la comisión legal COESPE y Modepen

La Dependencia, identificada como riesgo social que afecta a quienes por razón de edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismos y necesitan el apoyo y cuidado de otra persona (las mujeres del entorno asumen esta circunstancia), ha de afrontarse por los poderes públicos tal y como se recoge en el artículo 41 de la Constitución y, en particular, la tutela especifica de ancianos (artículo 50 CE), discapacitados (Artículo 49) o menores. El modelo de cuidados donde la responsabilidad recaía sobre las mujeres del entorno ha cambiado y que por eso es más necesario si cabe, un nuevo modelo que venga desde los poderes públicos donde cualquier persona dependiente esté atendida con plenas garantías en derechos tanto suyos como de la parte cuidadora. Sea esta última de la familia o no.

Según se indica en el informe de la Coordinadora Estatal para la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE) “Brecha de Género: La pobreza tiene cara de mujer”, a mediados del año 2018 había 1.730.000 solicitantes, de los cuales se habían resuelto 1,6 solicitudes. De ellas, 1,27 millones de personas son beneficiarias con grado reconocido de dependencia y derecho a prestación, frente a 330.248 que no tienen grado reconocido y el 90% de sus cuidadoras son mujeres.

Sin embargo, las CCAA obligadas a hacer frente a estos servicios no reciben de los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones de fondos necesarios para su sostenimiento, situación que está empeorando de forma progresiva el estado de bienestar de este sector de la ciudadanía.

Junto con la sanidad, la educación y las pensiones, el sistema de ayuda a la dependencia se ha consolidado como uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar. Estas prestaciones, que se otorgan para ayudar a personas mayores o discapacitadas a mejorar su autonomía, son consideradas un instrumento muy importante para aquellas personas que no pueden realizar solas algunas actividades básicas de la vida diaria.

Y como el Estado Social, entre otros, se basa en la solidaridad social, no expresamente contemplado en la CE, pero sí por el Tribunal Constitucional (TC), entre otras en las SSTC 62/1983 y 134/1987, considera imprescindibles valores como la dignidad de la persona (art.10.1) y el de la igualdad real o material o equidad de los ciudadanos (art.9º.2).

Por ello solicitamos:

  • Pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia. Que no exista una sola persona dependiente que se vea privada de este derecho.

-Puesta al día de las listas de espera, reduciéndolas a los plazos previstos legalmente (que una vez baremado, se deberían recibir los servicios y prestaciones de inmediato). Es intolerable la tardanza en los casos de emergencia social y dicha situación aun se agrava más en los  procesos en los que se requiere solicitud de incapacidad. Que la valoración se realice en el domicilio por los equipos de valoración y se reconozca la situación actual de la persona dependiente.

  • Revisión de los criterios de concesión de ayudas a la  dependencia, elevación de las cuantías que permita una vida digna para las personas dependientes. En la participación económica del usuario/a se tendrá en cuenta únicamente los ingresos de la persona dependiente.

  • Exigir a nivel estatal y a nivel autonómico que sean trabajadoras de pleno derecho, por ello que dé alta en la  Seguridad Social a las cuidadoras mientras no se implante un Servicio Público de cuidados de calidad.

  • Ampliación de las plazas a residencias de la 3º edad y a Centros de día. De gestión  y control público con personal especializado en dependencia. Que los llamados centros de día sean la norma en todas las poblaciones como lo son otras infraestructuras como gimnasios, guarderías.

  • Que el  Gobierno del Estado asuma el 50% de gasto totales en atención a la dependencia (Ley  39/2006, de 14 de diciembre) que hoy en día recae en las CCAA.

  • Y que el Gobierno del Estado recupere las ayudas a las personas cuidadoras en el hogar establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

  • Y la derogación del Real Decreto 16/12 de 20 de abril , del copago farmacéutico.


Artículos de la serie «La pobreza tiene cara de mujer»:

La pobreza tiene cara de mujer: La desigualdad en el Mercado Laboral

La pobreza tiene cara de mujer: Las tareas domésticas

La pobreza tiene cara de mujer: Servicio doméstico

La pobreza tiene cara de mujer: Impacto de la Brecha sobre la protección social

La pobreza tiene cara de mujer: La violencia patriarcal en la sociedad

La pobreza tiene cara de mujer: Prestación de Viudedad, pensión a favor de familiares y prestaciones no contributivas

La pobreza tiene cara de mujer: Prestaciones de Jubilación

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