La Policía de Nicaragua aceptó este sábado suspender el asedio a cientos de manifestantes que se encontraban en varios centros comerciales de Managua, a donde se habían refugiado tras sufrir agresiones por parte de los agentes.

Tras seis horas, el segundo jefe de la Policía de Managua, Fernando Borge, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron que los agentes permitirían salir a las personas de varios centros comerciales, sin agredirlos ni arrestarlos.

Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), un cuerpo élite de la Policía, invadieron hoy propiedades privadas, incluidos varios centros comerciales y gasolineras, para ejecutar sus operativos, en los que efectuaron disparos con el fin de evitar una marcha para exigir la libertad de cientos de personas presas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

La Policía de Nicaragua capturó y golpeó a más de 60 personas y despojó de su equipo a un reportero gráfico, según denunciaron organismos de defensores de los derechos humanos.

Según los jefes policiales, la marcha convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco no contaba con permiso, pero los organizadores apelaron a la Constitución de Nicaragua para demostrar que cualquier manifestación es legal en el país, siempre que no sea violenta.

Los miembros de la Alianza Cívica, que negocia con el Gobierno una salida pacífica a la crisis, se quejaron de que la continuidad de los actos de represión gubernamentales demuestra que Ortega no tiene «voluntad política» para superar el conflicto.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos en 11 meses, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el presidente Daniel Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.