La policía política creada por el Partido Popular investigó a todos y cada uno de los candidatos de Podemos en 2016 para vincularlos con el chavismo

Se considera probado que dos de los responsables políticos de Interior, Jorge Fernández Díaz y el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se valieron de mandos policiales para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y para perseguir a los “adversarios políticos”.

Esta policía «especial», como confirmó la comisión de investigación encargada de destapar esta trama, tuvo «una utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos de Interior y un abuso de poder que quebrantaba reglas esenciales del Estado de derecho«.

Ahora comienzan a filtrarse poco a poco los usos que fueron dados a esta trama. Entre lo más destacado está la búsqueda de trapos sucios en toda la lista electoral de Podemos sin orden judicial y un mes antes de las elecciones generales de junio de 2016.

Lo hicieron presionando a la que fuera tesorera del gobierno bolivariano durante varios años, Claudia Patricia Díaz, instalada en República Dominicana tras el fallecimiento de Hugo Chávez y acusada por el gobierno de Maduro de blanqueo de capitales. Los Papeles de Panamá revelaron que la extesorera controlaba un importante patrimonio desde las islas Seycheles.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, un mes antes de las elecciones generales, agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional enviaron a Washington una copia completa de toda la candidatura de Podemos al Congreso, extraída directamente de la página web del partido. Su objetivo era que los nombres de todos los candidatos de la formación morada fueran cruzados con la información contable que los abogados de Claudia Patrícia Díaz custodiaban en su despacho de la capital estadounidense para relizacionar a los políticos con el gobierno chavista para sacar, de esta manera, rédito electoralista. No lo consiguieron.

Los abogados de la política venezolana cruzaron nombres de esa lista, con Pablo Iglesias e Iñigo Errejón a la cabeza, con la documentación que custodiaban. Los resultados fueron negativos y así se lo trasladaron a la Policía española, cerrando así un capitulo de vergonzosa utilización del dinero público y abuso de los estamentos del estado.

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