La Policía de Nicaragua prohibió este viernes una manifestación a favor de la liberación los «presos políticos» que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco había anunciado para mañana sábado en Managua.

«Ante falsas noticias y convocatorias (…) la Policía Nacional no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses», dijo el inspector general de la Policía, Jaime Vanegas, al leer un comunicado.

La Unidad Nacional llamó a los nicaragüenses a manifestarse a favor de la liberación «incondicional y absoluta» de cientos de «presos políticos», que según el movimiento son utilizados como «piezas de tablero» por el Gobierno de Daniel Ortega en las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

«Esas convocatorias y falsas noticias constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua luto, aflicción, dolor, y han dejado tantas pérdidas de vidas, de bienes públicos y privados, y graves afectaciones a la Economía Nacional», resaltó Vanegas.

Aunque el 27 de febrero pasado el Gobierno cambió el régimen carcelario a un centenar de manifestantes presos, que fueron enviados a casa bajo liberad condicional, y prometió excarcelar «un núcleo apreciable» este viernes, la Unidad Nacional exige que todos deben ser liberados de forma absoluta, ya que protestar de forma pacífica no es delito en Nicaragua.

La Policía reiteró que «cumple con su deber constitucional de garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana».

Las manifestaciones contra Ortega o en apoyo de personas que se oponen a su Gobierno fueron prohibidas por la Policía Nacional en noviembre pasado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.