Ecoloxistas en Acción se felicita por la denegación a Recursos Minerales de Galicia S.A., perteneciente al grupo zaragozano Samca, de la concesión de explotación que pretendía ocupar 12 kilómetros lineales afectando a un total de 60 cuadrículas mineras para la extracción de estaño, wolframio, tándalo, niobio y litio en los municipios de Beariz, Avión, Forcarei, A Lama y Cerdedo-Cotobade.
La organización ecologista, implicada activamente en la lucha contra el proyecto ahora cancelado por la Xunta, criticó a principios de octubre la actitud de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, al denegar al colectivo su derecho a personarse como entidad interesada en el procedimiento administrativo, y anunció su disposición para acudir a la vía judicial tras presentar el correspondiente recurso de alzada contra la decisión del Gobierno autonómico pues el derecho de participación pública en materia de medio ambiente incluye igualmente el derecho a la personación en procedimientos relativos a proyectos que puedan causar impactos significativos sobre el mismo.
Desde agosto de este año, la entidad había denunciado el «oscurantismo» de la Administración gallega sobre el proyecto con el fin de aprobar la explotación sin el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, llegando a apercibir a varios responsables de Industria y Medio Ambiente de la obligatoriedad del requisito.
Finalmente, el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que señalaba el riesgo de afección a las masas de agua con metales pesados, y la presión social y ecologista, han sido determinantes para la denegación de la autorización por parte de la Xunta. Además, en una tentativa de tramitación anterior, entre los años 2013 y 2014, tanto la Sociedade Galega de Historia Natural como el Instituto Geológico y Minero de España alertaron de los potenciales impactos negativos por la presencia de minerales radioactivos en el sustrato rocoso y el riesgo de contaminación por metales pesados, elementos generadores de drenaje ácido de minas.
Para Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción, la decisión de la Xunta supone «una batalla ganada en la desigual guerra contra el extractivismo», unha lucha justa en la que la presión social ha sido determinante en un proceso administrativo que sin la obligación de una evaluación de impacto ambiental habiera sido «del todo fraudulento».
