Tras el aluvión de críticas por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos, Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, gerente del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), emitió este miércoles una orden administrativa en la que justifica el cambio de actitud en el servicio «dada la situación excepcional que está obligando al refuerzo de los equipos sanitarios para atender la carga asistencial derivada» de la pandemia.

Antonio Fernández-Campa, gerente del SERGAS / xunta.gal

Al documento, al que ha podido acceder contrainformacion.es, el gerente del SERGAS comunica que «aquellos/as profesionales que estén a prestar servicio en el Sistema Público de Salud de Galicia en virtud de un nombramiento de temporal de carácter eventual, y que durante la vigencia de su vinculación sean declarados en situación de incapacidad temporal por el aislamiento o contagio provocado por el virus COVID-19, estén o no a prestar servicios en unidades directamente vinculadas con la prestación asistencial a pacientes afectados por este virus, mantendrán la vigencia de su nombramiento y se le prorrogará este, como mínimo, hasta que se expida la correspondiente alta médica por este motivo«, suponiendo, en la práctica, que el personal eventual que se vea afectado por el coronavirus mantendrá su relación de carácter laboral con el Servizo Galego de Saúde hasta que reciba la correspondiente alta médica.

Para justificar su decisión, Fernández-Campa se basa en el Real Decreto Ley 6/2020 publicado por el Gobierno el pasado 10 de marzo en el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico para la protección dela salud pública, asimilando la situación del personal sanitario contagiado por coronavirus con la de accidente laboral «exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social».

LA DENUNCIA SOCIAL SURTIÓ EFECTO

Precisamente esta semana, la sección sanitaria de la Confederación Intersindical Galega (CIG-Saúde) fue quien denunció la situación de que desde el SERGAS no se estaba prorrogando el contrato de los trabajadores sanitarios contagiados por coronavirus, ocasionándole «una penalización a mayores» al personal sanitario, dado que al no tener un vínculo laboral, el período de incapacidad temporal no sería computado como servicios prestados a efectos de baremación en los futuros procesos de selección de personal.

Esta noticia levantó los ánimos de todos los grupos de la oposición y elevó el tono de la protesta en las redes sociales, reclamando cobertura legal para los y las que ya han sido calificados de «héroes», junto con el resto de trabajadores y trabajadoras que mantienen los servicios básicos, por el resto de la sociedad gallega. «Profesionales, sindicatos y colectivos como Enfermeras en Loita lo vienen denunciando desde hace años -afirmaba al respecto el diputado y portavoz nacional de Anova Antón Sánchez en su cuenta de Twitter-, reclamando que «una de las primeras medidas de la Xunta de Galicia debe ser dar estabilidad laboral a estos colectivos«.