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La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia conminaron este martes a las autoridades a que tomen «de manera urgente» medidas para proteger la vida de defensores de derechos humanos, líderes sociales, senadores de la Comisión de Paz, que han recibido amenazas de muerte de grupos armados organizados.
Así lo expresan en un comunicado conjunto emitido este martes en el que condenan las amenazas contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, senadores de la Comisión de Paz del Congreso y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que aparecieron en un panfleto firmado por un grupo armado.
«Alentaremos los esfuerzos que se requieran para que la justicia avance prontamente en las investigaciones, que deben dar con los responsables de esta grave intimidación, sobre quienes tiene que caer el peso de la ley», aseguraron ambas entidades en el citado texto.
Por esto, el Ministerio Público reiteró su respaldo «a la acción legítima y legal de los líderes, senadores y funcionarios que trabajan por la búsqueda de la verdad» e hizo un llamado especial a «respetar, proteger y apoyar la acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación».
Sobre este organismo, la Procuraduría agregó que tiene bajo su responsabilidad «una acción trascendental para el futuro del país, y es la búsqueda de la justicia para quienes intervinieron en el conflicto armado interno, pieza clave de un futuro justo y en paz».
Al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, según el último informe de la ONG Somos Defensores.
Según su reporte, 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 documentados en 2017.
El asesinato la semana pasada de la también líder social María del Pilar Hurtado frente a su pequeño hijo en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte), escandalizó al país y prendió de nuevo las alarmas acerca de este tipo de crímenes.
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