Elena Solis
Miembro de Ecologistas en Acción. Licenciada en derecho y Máster en Ecología Forense
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Hay que reconocer la increíble capacidad que tienen los actores responsables de la existente crisis climática mundial de engullir cualquier idea hostil a sus intereses y vomitarla de vuelta en nuestra cara, transformada en un aliado diseñado para mejorar sus ganancias. Este es el caso del New Green Deal, o la apropiación por parte del sector energético-minero de la argumentación desarrollada por las organizaciones ambientales durante años en relación a la necesaria y urgente transición a energías renovables.
El discurso de la revolución verde ha sido totalmente fagotizado; no solo para mantener el status quo existente, sino para justificar un incremento del 110% en los próximos años de extracción de materias como el litio, las tierras raras o el cobre, necesarios para completar tal transición[1]. Y esto a pesar de que, como ya se ha constatado oficialmente[2], se estima que en 2060 se acabarán todas las reservas mundiales de tales materiales en cualquier caso.
Un artículo publicado en The Independent, escrito por Asad Rehman, director ejecutivo de la ONG War on Want, deja muy claro por qué nos debemos resistir al discurso desplegado por las industrias minera y de energías sucias, que no es otro que tratar de dar como única opción el incrementar la extracción de los recursos naturales necesarios si queremos completar la transición energética: “Son los mismos poderes dominantes que han sacrificado voluntariamente a las personas y al clima en busca de beneficios los que impulsarán el colonialismo verde.”[3]
Y ¿cómo se supone que debemos aceptar la inconmensurable destrucción eco-social que conlleva doblar las operaciones extractivas? Hace ya varios años que en los intestinos de la UE y los gobiernos autonómicos españoles, e incluso en las plataformas medioambientales próximas a Bruselas, los jugos gástricos de estas instituciones se han encargado de hacer más fácil de tragar la amarga píldora de que “no es posible la transición energética sin promover la minería en España”
Lo que en realidad busca la “psicoburbuja” del New Green Deal en Europa, y en particular en España, es el consenso social de las propias comunidades que van a sufrir el espolio de la minería a cielo indiscriminada.
Estas marionetas ventrílocuas, dirigidas por los lobby interesados, han divulgado por doquier que una solución a no incentivar los abusos de la minería necesaria para la transición energética en el Sur Global es promoverla en Europa ya que parece ser que aquí se garantizaría mayor nivel de sostenibilidad y salvaguardias legales. Esta no es la impresión de los que recorren los pasillos de los departamentos de minas en España, suplicando al funcionario de turno acceso a un expediente que debería estar colgado por ley en el correspondiente portal electrónico, o cuando se denuncia que un proyecto ha sido autorizado a pesar de carecer de estudios obligatorios, como pueda ser el de contaminación acuática o aéreao que no tienen ni plan de restauración. [4]
La realidad con la que nos enfrentamos, por lo tanto, es muy diferente a la idea de una Europa libre de corrupción y preparada para hacer minería “sostenible”. Tomemos el ejemplo del proyecto de explotación de litio de Cáceres, a 3 kms del centro de la ciudad y a 1 km del hospital general. Este proyecto es supuestamente necesario para satisfacer la futura demanda del coche eléctrico en Europa, cuando las administraciones públicas han infringido leyes urbanísticas y los derechos de consulta pública y acceso al expediente.
Lo que en realidad busca la “psicoburbuja” del New Green Deal en Europa, y en particular en España, es el consenso social de las propias comunidades que van a sufrir el espolio de la minería a cielo indiscriminada.
Hace ya varios años que en los intestinos de la UE y los gobiernos autonómicos españoles, e incluso en las plataformas medioambientales próximas a Bruselas, los jugos gástricos de estas instituciones se han encargado de hacer más agradable la amarga píldora de que “no hay renovables sin convertir España en una gran mina” .
Y es en ese punto precisamente donde debo hacer hincapié: la inevitable consecuencia, cuando no el verdadero propósito, de esta política pública de promoción de la minería de materias necesarias para la transición verde en nuestro territorio es el de traer la frontera extractiva a la Península Ibérica.
Es por ello por lo que os incito a contemplar la posibilidad de que la Península Ibérica no sea necesariamente parte del Norte Global, como se nos ha hecho creer, sino parte del Sur Global. Ambos términos no son físico-geográficos, sino político-económicos. Es decir, clasifican el mundo en dos mitades desiguales: la que explota y la que es explotada.
¿Y en qué parte sitúan los poderes económicos dominantes la Península Ibérica? ¿Deberíamos darnos por aludidos cuando Redman afirma que con la apropiación de la revolución verde por la industria nos adentramos en una nueva fase de extracción de recursos y riqueza de los países del Sur Global?
Debemos sopesar todos los factores y actores en juego antes de aceptar una revolución verde a costa de duplicar en España la extracción de metales y minerales necesarios para tal revolución, porque son las mismas mineras y corporaciones energéticas que han destrozado nuestro territorio hasta ahora las que también llevarán a cabo tal revolución.
