La organización criminal que supuestamente lideraba Francisco Granados y David Marjaliza engañó a profesores cooperativistas durante más de un decenio para la construcción de colegios concertados en Madrid y Murcia. A esta conclusión ha llegado Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional.

El juez concluye que la organización criminal estafó 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de 7 de estos centros entre 2002 y 2014. El exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados,según el escrito.

David Marjaliza, socio de Granados en la supuesta trama criminal, se concertó supuestamente con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel para la construcción de los centros. La sociedad inflaba los costes de edificación y así pagaba comisiones a los políticos, camuflando ambos conceptos como servicios inexistentes a empresas instrumentales. Todos estos gastos eran soportados, sin saberlo, por los profesores cooperativistas, quienes en muchos casos tuvieron que pedir préstamos personales para poder afrontar los pagos.

Según el juez, las comisiones ilícitas ascienden a 2.200.000 euros, aunque hay varias más. Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda. El alcalde de Aranjuez percibió 400.000; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; un total de 939.000 euros cobró el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa; mientras que están por determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios murcianos de Valdeluz Yebes o Cartagena.

El juzgado también ha hecho públicos los autos por los que delimita la investigación por las adjudicaciones a la empresa Cofely, con un total de 56 personas físicas imputadas, en su mayoría son exalcaldes del PP, y por los supuestos negocios de Granados con el metro de Madrid, que supusieron el pago de “comisiones millonarias” y supondrá la imputación de relevantes constructoras como Azvi, Begar o San José.