La rápida acción parlamentaria del diputado Antón Sánchez y la denuncia del grupo ecologista ADEGA logran que la Xunta de Galicia inicie un expediente sancionador a la empresa promotora del proyecto y prohiba cautelarmente que esta continúe con sus trabajos en una zona comprendida entre Samos y Triacastela, en la provincia de Lugo.
El pasado viernes, el portavoz nacional de Anova y diputado viceportavoz de En Marea registró en la Cámara gallega una serie de iniciativas encaminadas a solicitar la paralización cautelar de las obras al considerar que «podría tratarse de una actuación ilegal» de la empresa Fergo Galicia Vento S.L.
A resultas, la autoridad autonómica decidió este lunes dar inicio a un expediente sancionador al echar en falta parte de la documentación exigida para el inicio de los trabajos, como un proyecto arqueológico autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, un plano de planta general y un informe de la Axencia de Seguridade Aérea.
UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO POR EUROPA
Según denunció Antón Sánchez la semana pasada, la Serra do Oribio es un espacio natural protegido a nivel europeo perteneciente a la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC Ancares-Courel) y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN), por lo que según el Plan Director de la Red Natura y el artículo 32 de la Ley 8/2009, del sector eólico de Galicia, estaría terminantemente prohibido la instalación de nuevos parques eólicos.
Para el diputado, «es inaceptable que el Gobierno de Feijóo no sólo no cumpla con su compromiso de ampliar la superficie de la Red Natura 2000«, recordando que «es una de las más bajas del Estado» con un 12% frente al 27,5% de la media estatal, sino que además «se le entregen las escasas zonas protegidas» que hay en Galicia «a las eólicas y a los intereses empresariales privados».
Por este motivo, Sánchez se ha comprometido este martes a llevar al próximo pleno del Parlamento de Galicia, entre otros asuntos, el «expolio eólico» que la Xunta «está llevando a cabo de manera sistemática» y que puede hacerse extensivo a todo el tejido industrial gallego, ya que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo está poniendo por delante «los intereses de las empresas a los de la gente».
