La realidad contradice los argumentos de la campaña orquestada por el lobby empresarial a favor de los parques eólicos en Galicia, una estrategia falaz que genera alarma social y afecta a los derechos de la ciudadanía.
Contrariamente a lo que defienden organizaciones como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Galega da Construción o el sector industrial de CCOO Galicia, que de manera incomprensible se ha alineado con la patronal, el actual modelo de desarrollo eólico existente en el noroeste peninsular no es ejemplar, ordenado ni sostenible.
Hay que añadir, además, que tras las reformas legales emprendidas por el Partido Popular desde el Gobierno de la Xunta de Galicia a través de la Ley 3/2017 de fomento de implantación de iniciativas empresariales o la Ley 9/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica, la patronal lo tiene más fácil que nunca para la imposición de proyectos eólicos porque estas y otras normativas, en absoluto garantistas a nivel social han supuesto un recorte básico de derechos para la ciudadanía.
Lo que resulta del todo inaceptable es que ahora el lobby empresarial eólico y quienes lo defienden desde la esfera política o sindical hablen públicamente de falta de garantías y quieran decirte al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cómo tiene que hacer su trabajo sin contemplar la separación de poderes existente a nivel del Estado ni respetar la independencia judicial.
Porque este grupo de presión quizá desconozca que el modelo vigente de desarrollo eólico en Galicia no es ejemplo de nada y pasa por encima de los derechos más básicos de la población. Ahora, el lobby eólico pretende ahondar más en esa brecha buscando que las comunidades afectadas ni siquiera puedan acceder a los informes técnicos de los proyectos, que en muchos casos es donde se refleja cuales son los problemas que determinados parques eólicos pueden acarrear. En una suerte de “ojos que no ven corazón que no siente” ahora el empresariado, en una lamentable actitud, pretende recortar un derecho, el de acceso a la información pública, que es es esencial en cualquier sociedad que se considere democrática.
CIFRAS DE EMPLEO INFERIDAS Y SITUACIÓN REAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS AL SECTOR EÓLICO A NIVEL LOCAL
Por otra parte llama la atención la irrealidad de las cifras de empleo inferidas por la patronal del sector eólico cuando hasta el propio Banco de España en su último informe de expertos realizado sobre el tema ha concluido que el impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es “mayoritariamente no significativo”, un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones “en términos de políticas públicas”.
La exhaustiva investigación, que tomó 13 años de datos mensuales, concluye a modo de resumen que “las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento”, pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares “lo hacen desde la distancia” con una etapa de construcción que es “relativamente corta” llevada a cabo por contratistas “que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado”. Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que “generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez” y “no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión”.
Por estos motivos el informe apuesta por un modelo más democrático y equitativo donde se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos, justo lo contrario de lo que está sucediendo en Galicia.
UNA PLATAFORMA CREADA DESDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL EÓLICO PARA HABLAR DE LOS “BENEFICIOS” DE INSTALAR PARQUES EÓLICOS
Finalmente, quizás el lobby empresarial eólico quiera tomar por tonta a la población, en especial a las comunidades afectadas por sus proyectos, cuando realiza afirmaciones a través de la autodenominada “Plataforma Vientos de Futuro” tan ingeniosas como que “el 99% de los gallegos considera que la eólica es compatible con la agricultura y la ganadería” o que “el 64% afirma que autorizar la creación de nuevos parques eólicos garantiza la protección de ecosistemas y medio ambiente”.
La realidad, sin embargo, es tozuda y bien distinta, primero porque el rechazo social en Galicia está siendo mayoritario hacia la implantación irracional e insostenible de los proyectos eólicos, como bien demuestran decenas de protestas vecinales y manifestaciones multitudinarias de miles de personas que están teniendo lugar por todo el territorio, y a continuación porque si algo no está garantizado con la instalación de parques eólicos en Galicia es la protección medioambiental en una comunidad autónoma que por dejación institucional cuenta con una de las menores superficies protegidas. De hecho los datos oficiales -ni inferidos ni inventados- señalan que solo cuenta con un 12% de su territorio amparado por la Red Natura, lo que supone aproximadamente la mitad del porcentaje a nivel estatal y cuatro veces menos que otros territorios como Canarias (42,4%), Madrid (39,9%), La Rioja (33,2%) o Extremadura (30,2%).
IMPORTANCIA DE LOS COLECTIVOS DE DEFENSA AMBIENTAL
Por otro lado, Salvemos Cabana quiere reivindicar el papel desempeñado por las entidades de defensa ambiental en Galicia, que juegan un papel crucial en la protección y preservación del medio ambiente y llevan a cabo una importante tarea de sensibilización de la sociedad en todo lo referente a la importancia de conservar la naturaleza como legado a las generaciones presentes y futuras.
Su objetivo es unir a las personas que comparten una preocupación común abogando por políticas más justas y sólidas y actuando para que tanto autoridades como empresas adopten unas prácticas más sostenibles promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
Porque quizás la patronal eólica lo olvide, pero las entidades de defensa ambiental desempeñan una tarea fundamental en la protección de ecosistemas y áreas naturales a través de sus acciones de protección, información y denuncia de problemas como la contaminación o la degradación del medio.
Por último, y más importante, los colectivos ambientales abogan por un mundo en el que los derechos de las comunidades estén por delante del interés empresarial, las cuentas de resultados de un grupo de accionistas y el negocio privado con ánimo de lucro, en defensa de la gente más vulnerable que puede ver afectado su modo de vida por la degradación ambiental que provocan determinados proyectos empresariales entre los que se encuentran muchos de los de establecer centrales eólicas. Y no es por capricho sino por sentido común (y justicia social).
