La Plataforma vecinal Cornado Mina Non considera que el permanente cambio en las cifras de empleo e inversión que la mercantil está llevando a cabo denota el carácter puramente especulativo de un proyecto rechazado mayoritariamente por la sociedad gallega.
En este sentido, desde el pasado mes de marzo, la empresa y sus representantes han hablado de manera pública en prensa -y por orden cronológico- de 400, 1.600, 1.ooo y 2.000 empleos. Ahora, la patronal de industrias del metal (Asime) anuncia que serán 1.700 puestos de trabajo.
Exactamente lo mismo pasa con los números de la inversión, que ha ido variando en cuestión de meses en cifras que van desde los 200 o 300 millones de euros hasta llegar a los 2.540 actuales a partir de los datos de una supuesta consultora, una entidad fantasma que la empresa anuncia pero no identifica.
Estas circunstancias demuestran que el proyecto, por encima de todo, es claramente especulativo, no real y que las promesas de Cobre San Rafael son cualquier cosa menos fiables.
Por otra parte, resulta sorprendente la utilización interesada que la mercantil y la patronal están haciendo de conceptos como el de «máximo respeto a los estándares medioambientales» o «filosofía de vertido cero» cuando sus empresas matrices -Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas- acumulan denuncias y expedientes sancionadores por las numerosas irregularidades ambientales y administrativas cometidas a lo largo del tiempo.
Es irresponsable hablar del «compromiso» con una industria minera «sostenible» como hace ASIME cuando la Fiscalía ha actuado de manera contundente en los últimos años en el proyecto «estrella» de Atalaya Mining, Riotinto, por sus graves incumplimientos en materia de seguridad laboral y protección medioambiental recibiendo asimismo diversos expedientes sancionadores por parte de la Junta de Andalucía.
En un caso equivalente, Explotaciones Gallegas ha recibido en los últimos años hasta cuatro multas por parte de Augas de Galicia por un valor superior a los 60.000 euros por sus continuos vertidos de aguas residuales desde sus instalaciones situadas en la antigua mina de Touro.
Estos hechos, que son de conocimiento público y notorio, lo que demuestran es que la realidad desmiente claramente las promesas de empleo, inversión y restauración ambiental de Cobre San Rafael y sus socios, que pretenden coaccionar a la sociedad condicionando la restauración ambiental de los terrenos afectados obligatoria por Ley y previa a cualquier tipo de propuesta extractiva en una suerte de «minería de trileros» que olvida que al igual que miles de personas en las calles, dos diputaciones y 45 ayuntamientos gallegos ya han dicho no al proyecto.
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