Ana Botella sale indemne gracias a la falta de ética de su partido tras la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre.

La mayoría del PP en el Tribunal de Cuentas la ha salvado de nuevo de responder con su patrimonio por el posible quebranto en las arcas públicas de Ana Botella, quien era la alcaldesa de la capital y máxima responsable de la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone en 2013 a cambio de 128,5 millones de euros.

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, «incurrieron en una negligencia grave» porque «no impidieron el perjuicio en el patrimonio público» a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones. El fallo no solo determinó que el precio al que se vendieron los pisos «dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público», también retrató una sucesión de chapuzas e ilegalidades en el expediente.

Un año después de esta primera sentencia que condenó a Botella y siete altos cargos de su gobierno a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender las viviendas por debajo del precio de mercado, el Partido Popular cierra así la vía a que se pueda recurrir ante el Supremo el posterior archivo del mismo organismo solo unos meses después.

La mayoría del PP en el órgano fiscalizador ha sido clave en la impunidad de Botella, los mismos que la absolvieron en segunda instancia ahora han cerrado la puerta a que el Supremo tenga la última palabra. La decisión la han tomado la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

Mariscal de Gante

Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

Suárez Robledano

José Manuel Suárez Robledano, también nombrado por el PP en 2012 cuando tenía mayoría absoluta, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que decidió el fallo absolutorio. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedo y los enchufes de familiares de políticos.