El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Carballo (A Coruña) ha admitido a trámite una querella por presuntas irregularidades administrativas en relación con un decreto municipal que otorgó la licencia a la multinacional EDP Renovables para el desmantelamiento del proyecto de “O Roncudo” sin contar “con las autorizaciones sectoriales previas y preceptivas”. La autoridad judicial enviará además a la Fiscalía nueva información para ampliar la denuncia a a un funcionario municipal que ejercía accidentalmente de secretario cuando sucedieron los hechos.

Tres de los siete aerogeneradores de grandes dimensiones instalados tras la repotenciación del parque eólico “O Roncudo” en Corme (Ponteceso, A Coruña) / Archivo

Para el edil no adscrito Daniel García, Lois García Carballido, actual alcalde de Ponteceso y presidente de la Fundación Eduardo Pondal, debe dimitir con urgencia por acelerar los trabajos de la repotenciación del parque eólico de Corme “con nocturnidad y alevosía”.

Xosé Lois García Carballido, actual alcalde de Ponteceso y Presidente de la Fundación Eduardo Pondal / Creative Commons

En declaraciones a medios locales, el representante público ha considerado que lo que ahora se sabe de las irregularidades en el parque eólico de Corme son solo “la punta del iceberg” al estar aún pendiente a nivel judicial el tratamiento de la licencia de obras respaldada por la Xunta de Galicia.

UN PROCEDIMIENTO PLAGADO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS 

EL 21 de enero de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la repotenciación del parque eólico de Corme autorizada por la Xunta al haber incumplido el plazo para consultar el informe de impacto ambiental del proyecto y presentar alegaciones. Los jueces destacan que el citado expediente, además, carecía de los informes sectoriales preceptivos.

En una sentencia pionera en este ámbito, el texto judicial explica que el Gobierno gallego acordó en febrero de 2018 declarar como de “interés especial” la modificación sustancial del parque” lo que implicaba su tramitación “de forma prioritaria” reduciendo de 30 a 15 días hábiles los plazos del procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, así como la evaluación ambiental y el proyecto sectorial, algo totalmente incompatible con la actual legislación europea en la materia recordando que “la primacía del derecho comunitario sobre el autonómico no deja lugar a dudas”.

“COMPLICIDAD” CON EDP RENOVABLES

Desde la Plataforma en Defensa do Monte As Salgueiras llevan años exigiendo a García Carballido que “deje de hacerle el juego a la multinacional EDP Renovables” y califica de “migajas” económicas lo que el municipio está obteniendo en comparación “con el desmesurado beneficio económico de la empresa”.

La entidad vecinal considera que los convenios de Carballido con EDP Renovables “son publicidad” casi gratuita para la multinacional y que el alcalde y actual presidente de la Fundación Eduardo Pondal “debería estar de lado de las vecinas y vecinos que reclaman sus derechos y la defensa del interés público”.