El pasado domingo, la residencia Juan XXIII en Aravaca se vio envuelta en una tragedia con un incendio que dejó tres fallecidos y cerca de una veintena de heridos. Lo más alarmante es que, según el acta de la Policía Nacional obtenida por El HuffPost, el centro carecía de sistemas de extinción de incendios y tenía las salidas de emergencia bloqueadas.
El documento, fechado el lunes a las 21 horas, detalla cómo los primeros agentes que llegaron al lugar tuvieron que saltar la verja metálica para acceder al recinto. En su inspección inicial, observaron una gran cantidad de humo saliendo del edificio y escucharon gritos de auxilio. El personal de la residencia intentó sofocar el fuego con dos extintores y los agentes se encuentran una boca de incendio equipada y proceden a desplegar la manguera para sofocar el fuego.
Para su sorpresa, la boca de incendio estaba conectada al cuadro eléctrico general de la vivienda en lugar de a uno independiente, el cual no hubiera sido afectado por el incendio. Frente a esta situación, los agentes utilizaron dos extintores de los vehículos patrulla para sofocar parte del fuego. Sin embargo, la intensidad del calor y la nula visibilidad impidieron el acceso a una habitación donde se encontraban dos personas.
Mientras tanto, la Policía Municipal de Madrid realizaba esfuerzos para evacuar a los internos, enfrentándose a dificultades como puertas de emergencia bloqueadas y la falta de luces de emergencia. En el segundo piso, encontraron una puerta de emergencia bloqueada que conectaba con la primera planta.
Dos mujeres, halladas en condiciones críticas en una habitación, fueron evacuadas con quemaduras en todo el cuerpo. A pesar de los intentos de reanimación y el traslado al hospital, una de ellas falleció al día siguiente. Los servicios de emergencia del Samur y del Summa llegaron para brindar asistencia. En total, dos mujeres fallecieron por quemaduras y una tercera por inhalación de humo.
Es relevante destacar que el centro, que tiene un acuerdo con la Comunidad de Madrid, había pasado inspecciones en abril y agosto del año pasado, tal y como recoge El HuffPost. La tragedia dejó a tres mujeres fallecidas y dieciséis personas heridas leves, mientras que los cuerpos de seguridad y de emergencia enfrentaron desafíos considerables debido a las deficiencias en las medidas contra incendios.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó la necesidad de una investigación exhaustiva y señaló patrones de abandono, errores continuos y falta de empatía en la gestión de residencias por parte del gobierno de Ayuso. Más Madrid solicitó la divulgación de actas e informes relacionados con el incidente y exigió responsabilidades.
En respuesta, la Comunidad de Madrid indicó que las acusaciones de Alegría son infundadas, ya que la investigación está en curso, y las inspecciones realizadas certificaron el cumplimiento de la normativa antiincendios. La situación evoluciona con llamados a la transparencia y la necesidad de determinar responsabilidades en este trágico suceso.
