La asociación de trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) denunció las intenciones de la empresa pública Tragsa de “amordazar” a los empleados, después de que un trabajador de la base leonesa de Tabuyo del Monte haya sido sancionado con dos días de empleo y sueldo por ofrecer declaraciones a un medio de prensa digital fuera de su jornada laboral.

Las declaraciones de este bombero foresta se produjeron el pasado 20 de agosto, durante la movilización de brigadas de varias provincias de España para colaborar en la extinción del que, por el momento, es el peor y más virulento incendio forestal en lo que va de verano, el que arrasó cerca de 10.000 hectáreas en el municipio de Valleseco, en Gran Canaria.

El dirigente federal de Izquierda Unida y diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha tachado hoy de “absoluto despropósito” y “caso evidente de represión a los trabajadores” esta sanción. Consideró “inaceptable” esta actuación, “más cuando quien ejecuta esta tarea de represión es una empresa pública que depende del Gobierno del país y cuando éste es de un partido que se llama socialista. Esto es una absoluta indignidad”.

Santiago ha hecho esta valoración tras reunirse en dependencias del Congreso con representantes de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (ATBRIF) para tratar esta cuestión. En el encuentro también han participado las diputadas de Unidas Podemos Vicky Rosell y Sofía Castañón.

En su contacto con los medios, junto a Juan Carlos González, vicepresidente de ATBRIF, el parlamentario instó al Gobierno en funciones a “hacer lo necesario para que Tragsa retire de inmediato esa propuesta de sanción y nos evitemos el proceso laboral en marcha”.



“Hacemos un llamamiento al Gobierno y a Tragsa -insistió contundente- a que dediquen sus esfuerzos a mejorar el servicio de incendios forestales. Nos parece lamentable que estas personas, que son unos auténticos héroes al servicio de la comunidad, estén con unos contratos precarios. Son fijos discontinuos; se les despide cada año y luego vuelven a ser contratados para ahorrar costes laborales; se juegan la vida por 1.000 euros al mes y están sumamente desaprovechados en otras tareas de prevención y de protección civil que no hacen”.

Enrique Santiago consideró un “privilegio” que su grupo parlamentario pueda reunirse con estos trabajadores “precisamente por el trabajo que hacen y el gran aporte a nuestro país, sobre todo en un momento en que estamos viendo el alcance de las catástrofes naturales por falta de prevención”.

Aclaró, además, que la sanción carece de cualquier fundamente, mucho más “por comentar con los medios de comunicación una información que ya era pública y que había sido difundida abundantemente por estos”.

No obstante, consideró que este caso -el único que se ha producido a pesar de que los trabajadores de las brigadas forestales han mantenido cientos de contactos con la Prensa este verano- “no es casual” y tiene que ver con que “el único sancionado es precisamente quien se desempeña como presidente de la asociación de trabajadores forestales. Hay una clarísima relación”.

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