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La secretaria provincial de Medioambiente del PSOE en Ciudad Real también dice no a la minería de tierras raras, una actividad que “perjudica enormemente a la producción agroalimentaria” y afecta negativamente a la biodiversidad

María del Carmen Ballesteros Vélez, también alcaldesa de Castellar de Santiago, firma un escrito en el que tanto ella como su corporación municipal manifiestan su repulsa al plan de la mercantil, que califican como una actividad “transitoria” y “efímera en el tiempo” que puede “perjudicar enormemente” a la producción agroalimentaria, el estilo de vida de la zona afectada y también a su biodiversidad.

En el centro de la imagen, la alcaldesa de Castellar de Santiago, actual secretaria provincial de Mediaombiente del PSOE en Ciudad Real, en un acto público municipal.

En el documento publicado por el ayuntamiento se rechaza de manera expresa y contundente el proyecto de exploración “Neodimio” entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas entendiendo que la minería de tierras raras, que comporta graves riesgos a múltiples niveles, “nada tiene que ver con la gestión que históricamente se ha hecho del lugar ni de la comarca entera”, basada en la agricultura tradicional y la producción de productos de calidad.

Según detalla el posicionamiento, el plan de Quantum Minería, que en último término busca desarrollar un proyecto de explotación “supone la destrucción de la imagen y calidad” de las denominaciones de origen de la zona, que “aportan un valor extra” a la producción agroalimentaria. Un perjuicio, además, que se demuestra con el informe de impacto medioambiental tramitado en anteriores ocasiones para el mismo procedimiento, que ha servido para sentar jurisprudencia, y que ha constatado los múltiples perjuicios que podría comportar para especies en peligro como el águila imperial, el buitre negro, el lince ibérico, así como al resto de la flora y fauna autóctona.

Por otra parte, el documento incide en la sequía que desde hace años azota el área pretendida por Quantum, lo que hace inviable el proyecto ante la situación de emergencia hídrica, y recuerda que ya en 2023 la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) modificó el régimen anual de extracciones de agua para 2024 al no alcanzar un estado cuantitativo suficiente.

LAS VECINAS Y VECINOS DE CASTELLAR DE SANTIAGO, TAMBIÉN EN CONTRA

Al respecto, y según ha informado Sí a la Tierra Viva, el escrito municipal refleja a la perfección el sentir mayoritario de la población de Castellar de Santiago, testada de primera mano por la plataforma el pasado viernes 24 en el auditorio de la localidad en una sesión informativa desarrollada con gran afluencia de público.

Acto informativo sobre el impacto de los proyectos de minería de tierras raras celebrado en Castellar de Santiago el 24 de mayo / Sí a la Tierra Viva

En este sentido, Sí a la Tierra Viva desea mostrar su más sincero agradecimiento a todas y todos los asistentes a la charla-coloquio, que como ya ha hecho constar en sus redes sociales ha supuesto una vez más la demostración del compromiso de la gente de a pie con la protección del medioambiente y un legado mejor para las generaciones venideras.

LLAMADA DE ATENCIÓN A LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA (Y AL PSOE)

Para el colectivo, en situación presente, en la que “por momentos parece que el departamento de Desarrollo Sostenible de la Junta pretende ignorar el sentir de la ciudadanía y productores mientras los responsables locales de su propia formación política (PSOE) rechazan sin ambages el proyecto“, resulta fundamental que la consejera Mercedes Gómez “recuerde la importancia de priorizar el bien común por encima de intereses individuales, de partido o sectoriales pues el respeto por el entorno, su biodiversidad y sobre todo la salvaguarda de la salud de la comunidad deben ser pilares fundamentales en cualquier actuación pública”.

Para Sí a la Tierra Viva “es momento de demostrar que la competencia y la ética guían sus acciones, en especial cuando se trata de una cuestión que puede impactar negativamente en el futuro. Por eso, ni puede ni debe permitir que intereses particulares de negocio, de una empresa que además es insolvente a nivel técnico y financiero, se impongan sobre el bienestar colectivo. Es su responsabilidad, de servicio público, a nivel social”, justifican.

Redacción

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