Ante la decisión del Tribunal Supremo en relación con los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirmó, en noviembre de 2018, condenas de 9 años de prisión para los miembros de La Manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016, Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España señala:

“Finalmente el Tribunal Supremo ha valorado que los cinco acusados de La Manada actuaron con intimidación hacia la víctima, reconociendo que se produjo un delito de agresión sexual. Independientemente de esto, Amnistía Internacional considera que lo ocurrido con esta sentencia muestra lo urgente es reformar el Código Penal, tal y como se comprometió el Gobierno en la anterior legislatura, porque sin duda las palabras son importantes. Es necesario que las definiciones de esta reforma sean lo más claras posibles y se centren en proteger la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado por la mujer tal y como establecen los estándares internacionales”.

«Pero más allá de la necesidad de la reforma del Código Penal, el Estado debe proteger los derechos de las mujeres y niñas frente a la violencia sexual, previniendo que este tipo de agresiones puedan producirse y poniendo las medidas necesarias para protegerlas y acompañarlas desde el momento en que se comete la agresión. En un informe de noviembre de 2018, Amnistía Internacional denunciaba que siguen sin existir estadísticas claras que den una dimensión real del problema, y apenas existen campañas informativas de prevención o atención, lo que contribuye a minimizar el problema».

«Tampoco se abordan los prejuicios, los estereotipos y la culpabilización con los que se encuentran las víctimas cuando son atendidas por diferentes profesionales a lo largo de todo el proceso. Unos estereotipos como el descrédito, el cuestionamiento que llegan también a la administración de justicia y que dificulta la protección de las supervivientes. No puede ser que la mayoría de las mujeres que intentaron pedir justicia tras ser agredidas, tal y como se recogen en este informe, señalen que «no volverían a denunciar».

España está en el puesto 25 de un total de 32 países europeos en cuanto al número de denuncias presentadas. Aunque estas cifras están aumentando, en 2018 se denunciaron 1.702 violaciones (cerca de 5 violaciones al día), en un total de 13.811 denuncias contra la libertad e indemnidad sexual, seguimos estando muy lejos de la media europea en cuanto al número de denuncias. La falta de confianza en las autoridades, el miedo a no ser creídas y la estigmatización es lo que lleva a que el mayor número de agresiones no sean denunciados.

Según datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015, el 13,7% de las mujeres de más de 16 años residente en España habría sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida (más de tres millones de mujeres y niñas).

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