Rafael Silva


Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el Constitucional nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción empapada en la no-violencia. Una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre

Jordi Sánchez y Jordi Turull


El próximo día 18 tendrá lugar una vista inicial, y en enero comenzará el juicio contra los presos políticos catalanes. La situación política y social continúa enrarecida en Cataluña, en una especie de callejón sin salida en el que no se vislumbra horizonte de solución. El Gobierno del PSOE le exigía al anterior del PP que se sentara a hablar y a dialogar con las autoridades catalanas, y ahora es él quien no lo hace. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una papeleta dura, ya que fue uno de los que apoyaron la aplicación del artículo 155 (que ahora le piden insistentemente PP y C’s), y eso le coloca en una posición muy comprometida. Sabe que haga lo que haga va a ser criticado. Es muy evidente que los presos políticos catalanes no van a tener un juicio justo, dados los antecedentes de nuestra justicia, corregida y enmendada varias veces tanto por la justicia de otros países de nuestro entorno como por el Tribunal de Estrasburgo. Precisamente ese es el motivo de que dos de los presos políticos hayan iniciado una huelga de hambre desde el 1 de diciembre pasado, tal como ellos mismos han contado en una carta hecha pública desde la prisión de Lledoners, y recogida por varios medios de comunicación, por ejemplo por la revista Sin Permiso. A ella nos remitimos.

El escrito de ambos políticos recogió más de 140.000 adhesiones en solo 24 horas. El motivo por el que han iniciado la huelga de hambre se refiere al bloqueo continuado que el Tribunal Constitucional les impone, al dejar sus recursos de amparo en los cajones, es decir, se admiten a trámite, pero no se les da curso posteriormente. De este modo, al no ser inadmitidos ni desestimados (simplemente ignorados), se bloquea el acceso a la instancia judicial europea, que es quien podría reconocer la vulneración de sus derechos. Como ellos mismos explican en su escrito: “La legislación española (Ley de Enjuiciamiento Criminal) y la doctrina del mismo Tribunal Constitucional establecen que los recursos contra los escritos de prisión provisional tienen que gozar de tramitación preferente y tienen que ser resueltos en un plazo máximo de 30 días”. Pues bien, hace más de un año desde la interposición del primer recurso, y aún están esperando la respuesta. Resulta del todo inadmisible que una instancia judicial pueda hacer dejación de sus funciones de esta forma tan torticera, violando los más elementales derechos de estas personas. Es más insultante aún cuando ya sabemos lo diligente que este alto tribunal se ha mostrado para enunciar otras resoluciones.

No tenemos por tanto muchas pistas para pensar que estas personas van a poder disponer de uno de los pilares fundamentales bajo un Estado de Derecho, que es un juicio justo. Los aberrantes cargos de rebelión y sedición (que “existen sólo en la imaginación del juez”, tomando las palabras del Catedrático Javier Pérez Royo), ya desestimados por la justicia belga y alemana, y los furibundos ataques de la atávica derecha y extrema derecha que tienen (tenemos) la desgracia de soportar, haciendo uso de apelativos como “golpistas”, etc., han caldeado el ambiente de tal forma que es bastante ingenuo pensar que nuestra justicia vaya a protagonizar un episodio digno. Todo ello está originado en un caldo de cultivo social que defiende a ultranza la sagrada “unidad de España”, y que descansa a su vez en rescoldos tardofranquistas que aún no se han apagado. Y así, la masiva reacción intolerante contra el “procés” ha normalizado el discurso del odio, desde un ultranacionalismo español absolutamente cerrado a ningún atisbo de autodeterminación de sus pueblos.

Nuestros dirigentes políticos no han sido capaces de abordar este problema desde la política, sino negando, criminalizando, judicializando, e incluso usando la fuerza bruta para reprimir el gesto político de un pueblo que simplemente quería votar. El 1-O quedará en la historia como uno de nuestros episodios más perversos, cuando los Cuerpos de Seguridad del Estado (jaleados desde los intolerantes españolistas) apalearon brutalmente a simples ciudadanos por el hecho de poner una urna y manifestar su voluntad. Por su parte, como nos cuenta Jordi Oriola desde este artículo para el digital Rebelion, los medios de comunicación no han ayudado a entender lo que pasaba, sino todo lo contrario, han distorsionado la realidad, han presentado a los soberanistas (no todos los que querían votar eran independentistas) como nuestros enemigos, intoxicando la información con mentiras, tergiversaciones y una falta de información veraz, contrastada y plural, ofreciendo únicamente opiniones sesgadas e interesadas. Nos han presentado toda la operación como un “Golpe de Estado” a nuestra Constitución, en definitiva a nuestro país, cuando ha sido el Gobierno del PP, intolerante y cerril hasta las cejas, quien no ha permitido que una mera cuestión de democracia se tratara como tal. Aludían a “la Ley”, pero antes que la ley se sitúa la democracia, y no al contrario.

Se ha abonado en la opinión pública todo un clima de odio hacia los independentistas catalanes, mediante discursos y proclamas incendiarias, falsas y exageradas, fuera de todo contexto democrático, hasta conseguir que estos presos políticos catalanes estén privados desde hace más de un año de sus derechos fundamentales (no sólo su libertad, sino también sus derechos civiles y políticos), y la vida cotidiana en Cataluña continúe envenenada. Este PSOE que ahora gobierna lo hubiera podido evitar si no se hubiera plegado a los supuestos y decisiones antidemocráticas de un PP y un C’s echados al monte (negando el problema, negando la nación catalana, rechazando el referéndum pactado, atacando a las personas que votaban, imponiendo el artículo 155, encarcelando a determinados dirigentes, obligando al exilio a otros…). Así que ahora sólo le queda resistir, resistir la revuelta social de los CDR, resistir las declaraciones de ONG’s que piden la libertad de estas personas, resistir los insultos y ataques de la derecha cada vez más extrema y nacionalista, y seguir resistiendo hasta que alguna vez pueda tratarse este problema como lo que es: un problema político, que se soluciona adaptando y ampliando la democracia. Pero para eso, deberíamos despegar por fin, y alejarnos del franquismo sociológico que aún padecemos.