Entidades sociales y plataformas vecinales de afectados por proyectos energéticos muestran su estupor ante el «capitalismo de casino» desplegado por grandes empresas vinculadas al oligopolio en el que la compra/venta de megavatios (MW) no tiene que ver ni con el proceso de lucha contra el cambio climático ni con el concepto de «industrialización para el desarrollo» vendido por la patronal del sector sino con el máximo rendimiento de sus cuentas de resultados.

Colectivos sociales y ecologistas rechazan el «capitalismo de casino» que está marcando la transición de las renovables / Stock

Así, mientras la Asociación Eólica de Galicia (EGA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) redoblan sus esfuerzos con entidades afines por presentar en público una realidad ideal de la energía eólica en Galicia que ignora de manera voluntaria cual está siendo la raíz del problema, colectivos y particulares no salen de su asombro ante el proceso especulativo que se está viviendo en torno a este tipo de proyectos.

En este sentido, este mismo verano Greenalia ha vendido a la energética francesa Engie 182 MW renovables de parques eólicos y solares en Galicia y Andalucía, en fase de desarrollo y todavía sin construir. Fuentes de la compañía han indicado en un comunicado que «los fondos obtenidos por este movimiento se utilizarán para acelerar y consolidar el desarrollo del plan de negocio de Greenalia».

Para entidades como la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana «este comportamiento es norma y no excepción entre las grandes energéticas», y recuerdan que tanto la operación de Greenalia, como la desarrollada recientemente por la multinacional portuguesa EDP Renovables, que acaba de vender a la austríaca Verbund 257 MW de proyectos eólicos en distintas zonas de la península ibérica, demuestra que el «capitalismo de casino» forma parte de la operativa habitual de estas empresas y que al final la situación actual no va ni de «descarbonización» en la lucha contra el cambio climático ni de «industrialización» para el desarrollo de Galicia ni cualquier otro lugar, sino de «negocio puro y duro».

El colectivo explica que si bien para la patronal eólica «la producción de energía obedece a un interés general público superior» a la vista de hechos semejantes podría decirse que «la especulación con proyectos renovables no obedece en absoluto a interés público alguno sino al deseo de directivos y accionistas de estas empresas de obtener el máximo rendimiento económico en el menor tiempo posible«.

UN MARCO LEGAL DISEÑADO A MEDIDA DE LAS EMPRESAS QUE OBVIA EL INTERÉS COMUNITARIO

Salvemos Cabana recuerda a la patronal que pese a sus esfuerzos por blanquear al sector el actual modelo de desarrollo eólico existente en Galicia «no es ejemplar, ordenado ni sostenible» y que la «inseguridad jurídica» que denuncian no es tal pues tras los cambios normativos introducidos desde el PP en el Gobierno de la Xunta con las las leyes 3/2017, de fomento de implantación de iniciativas empresariales y la 9/2021, de simplificación administrativa, tienen todo a su favor con una legislación «garantista» para su negocio pero en absoluto sostenible para la ciudadanía por el recorte de derechos que ha conllevado en la práctica.

Por eso rechazan las acusaciones de las empresas del oligopolio, ya que las «consecuencias catastróficas» a las que alude la patronal eólica con la presunta «paralización del sector» no son para Galicia «sino para su negocio millonario» y «no ponen en jaque la industria sino sus cuentas de resultados».

Desde el colectivo se apunta que frente a esta situación «Galicia necesita, en contraste, un modelo energético que sea verdaderamente democráctico y equitativo, donde se compense de manera justa a los propietarios y al territorio en sí mismo y donde la declaración de utilidad pública no pueda ser utilizada como mazo de herrero por las grandes empresas del oligopolio energético«. Porque «solo entonces podrá hablarse de garantismo en el proceso«, lo que, para la entidad, no sucede actualmente.