La Transición Hidrológica desde la Nueva Cultura del Agua

Pedro Arrojo
Doctor en Físicas. Diputado de Unidos Podemos
Premio Goldman de Medioambiente


El pasado 13 de diciembre se votó en el Congreso el Dictamen de Conclusiones y Recomendaciones al Gobierno en materia de Gestión de Aguas en Perspectivas de Cambio Climático. Con esta votación, precedida del correspondiente debate, se culminaba un largo y fructífero trabajo basado en las comparecencias de casi 30 expertos y expertas, a lo largo de varios meses, que ofrecieron un poderoso caudal de información y de propuestas, en gran medida confluyentes y complementarias, a pesar de haber sido propuestos por los diversos grupos parlamentarios. La votación final fue de 169 votos a favor del Dictamen, de los grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV y Mixto (Compromís, PdCAT, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), y 160 votos en contra, de los grupos del PP y Ciudadanos, con sendos votos particulares, que competían en su defensa del hormigón subvencionado y de las estrategias trasvasistas. Se producía así un hito sin precedentes en el Congreso: la aprobación, por mayoría absoluta, de un documento en materia de planificación y gestión de aguas en línea con la Nueva Cultura del Agua, que abre y marca el camino de la necesaria TRANSICIÓN HIDROLÓGICA a desarrollar.

En el Pleno, inicié mi intervención reseñando que, si bien el cambio climático tiene como generador principal el vector energético, con lo que el reto clave de las políticas de mitigación está en la TRANSICIÓN ENERGÉTICA, en lo que se refiere a los impactos socio ambientales, el vector principal de afección es el VECTOR AGUA, por lo que el reto clave en las políticas de adaptación es sin duda el de la necesaria TRANSICIÓN HIDROLÓGICA.

En realidad, la necesidad de esa Transición Hidrológica emerge en los 90, con las movilizaciones por la Nueva Cultura del Agua; luego se transforma en exigencia legal, con la aprobación de la Directiva Marco del Agua; y hoy, ante la evidencia del Cambio Climático, pasa a ser una urgencia inaplazable. Urgencia de pasar de las viejas estrategias de “oferta” subvencionada, a las nuevas estrategias de gestión de la demanda y conservación de nuestros ecosistemas; de la vieja lógica del hormigón, a la nueva inteligencia ambiental de la sostenibilidad; del viejo productivismo subvencionado a la necesaria racionalidad económica; y sobre todo, de la suicida miopía negacionista, a la aplicación rigurosa del Principio de Precaución frente al cambio climático.

El Dictamen aprobado por el Congreso se basa en los estudios del CEDEX (la élite de la ingeniería civil del Estado) referentes al impacto del cambio climático sobre caudales fluviales y aguas subterráneas. La recesión de caudales prevista, a lo largo del presente siglo se eleva, en media, al 24%, y hasta al 30 y 40% en las cuencas más sensibles, si no se cumplen los acuerdos de París, que de hecho se están incumpliendo clamorosamente. Los porcentajes son similares en aguas subterráneas. Y no tanto por las menores precipitaciones medias, que pronostican la mayoría de los modelos de simulación utilizados, sino, sobre todo, por el tremendo aumento de la evapotranspiración, es decir del agua usada por las masas vegetales, cultivadas o silvestres, que impone la elevación de temperaturas.  Por otro lado, y esto si cabe más importante que la drástica disminución de caudales medios, crecerán de forma drástica los riesgos de sequía y de crecida, al intensificarse la tradicional variabilidad climática mediterránea. La sequías tenderán a ser más largas, intensas y frecuentes, al tiempo que los riesgos de tormenta y de gota fría, habituales en el ámbito mediterráneo, tenderán a intensificarse, produciendo puntas de crecida más fuertes y mayores riesgos de inundación.

Ciertamente estas previsiones están sometidas a márgenes de incertidumbre, por lo que, en rigor, lo que nos exige la legislación europea es la aplicación del Principio de Precaución en la gestión de estos riesgos; principio que, lejos de disculpar la inacción frente a la incertidumbre, exige prevenir los escenarios plausibles más desfavorables. No se trata de ser optimistas o pesimistas, sino de ser prudentes, preparándonos para los peores escenarios plausibles, que de hecho, cada vez son más probables, en la medida en que ya se asume como inevitable el incumplimiento de los acuerdos de Paris.

En este contexto, pretender gestionar las futuras sequías con nuevas grandes presas y trasvases no sólo es una estrategia errónea e insensata, sino que comporta una masiva malversación de fondos públicos. En la medida que las sequías no suelen ser locales sino regionales, cuando el Segura entra en sequía, suele hacerlo también el Júcar, el Ebro y la Cabecera del Tajo, razón por la cual los trasvases pasan a ser perfectamente inútiles, como ocurrió el trasvase Tajo/Segura en la última sequía.

Por otro lado, construir más embalses para gestionar esas futuras sequías, equivale a regalar un monedero a un pobre o abrir nuevas cuentas corrientes ante una situación de ruina económica. No tiene sentido; el pobre no necesita un monedero, sino dinero, y disponer de más cuentas corrientes vacías no resuelve la ruina. Pues bien, de la misma forma, si nos dedicamos a construir nuevos grandes embalses, en el país del mundo con más infraestructura hidráulica por habitante y kilómetro cuadrado (para lo bueno y para lo menos bueno), lo que conseguiremos será tener más embalses vacíos en la siguiente sequía. En realidad, podría decir que, en rigor, no estoy en contra de nuevos embalses y trasvases, como no estoy en contra de nuevas autopistas y aeropuertos; pero si estoy en contra, radicalmente, de nuevas autopistas sin coches, nuevos aeropuertos sin aviones y nuevas presas y trasvases sin agua.

El Dictamen ofrece un amplio abanico de medidas y estrategias frente al Cambio Climático, de las que citaré las que considero más importantes, tanto para minimizar nuestra vulnerabilidad frente a ciclos de sequía como frente a riesgos de inundación.

Si queremos afrontar seriamente los crecientes riesgos de sequía que nos ha empezado a imponer el cambio climático, es fundamental acabar con la sobreexplotación de nuestros acuíferos, generada por ese millón largo de pozos ilegales, que para colmo se concentran en las zonas más sensibles. Recuperar el buen estado cuantitativo y cualitativo de estos enormes embalses de agua subterránea, que son nuestros pulmones hídricos naturales, y acabar con la vergüenza nacional que representan esos cientos de miles de pozos y regadíos ilegales en nuestro país, es una de las claves que nos debe permitir hacer de esos acuíferos reservas estratégicas vitales para gestionar los ciclos de sequía.

Por otro lado, se necesita una planificación hidrológica prudente y realista, al tiempo que valiente y responsable, que redimensione las demandas futuras, tanto agrarias como urbanas, adaptándolas a la disponibilidad de caudales prevista en los escenarios de cambio climático. Ello supondrá, sin duda, frenar desarrollos urbanísticos en zonas sensibles, acabar con los modelos urbanísticos depredadores de recursos hídricos, reducir drásticamente las expectativas planificadas de crecimiento del regadío e incluso retirar regadíos no rentables, con compensaciones negociadas, en zonas salobres y de mal drenaje, a fin de rescatar caudales que permitan ofrecer mejores garantías en sequía y recuperar los regímenes fluviales ecológicos que establece la legislación vigente.

En los territorios insulares y en las zonas costeras mediterráneas más sensibles a los problemas de escasez, se debe promover un desarrollo modular, razonable y prudente de las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, pero alimentadas con energía eólica y solar, a fin de abrir perspectivas efectivas de autosuficiencia sostenible, como ocurre por cierto en las islas del Hierro, de Fuerteventura o de Lanzarote, donde prácticamente no llueve.

El Dictamen presta especial atención al medio rural y a la lucha contra su despoblación, como clave en las estrategias de adaptación al cambio climático, recomendando extender el sistema de seguros agrarios a la compensación de daños por sequía en el regadío (hoy desprotegido), con apoyo público específico a la explotación familiar agro-ganadera; al tiempo que insiste en la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, vinculando la vertebración social del territorio a la preservación de suelos,  la gestión forestal y la prevención de incendios, frente al avance de la desertización.

En cuanto a las medidas y estrategias para gestionar los crecientes riesgos de inundación, el Dictamen saluda como muy positiva la Directiva de Inundaciones, así como los últimos Planes de Gestión de Riesgos de Inundación elaborados por Confederaciones como la del Ebro.

A lo largo de las últimas décadas, el estrechamiento del espacio fluvial, con motas y diques, junto con el talado de bosques de ribera e incluso la eliminación de meandros, ha favorecido el incremento de la energía cinética y el nivel de las crecidas. Por otro lado, el deficiente control sobre el dominio público hidráulico ha llevado a que, en la actualidad, 3 millones de personas vivan en zonas inundables, considerando un periodo de retorno de 500 años (que el cambio climático está acortando)

En coherencia con la Directiva de Inundaciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación han empezado a priorizar nuevas estrategias basadas en:

  • la reordenación del dominio público y de los espacios bajo riesgo de inundación, evitando su urbanización y la construcción de granjas e instalaciones industriales;
  • la ampliación del espacio fluvial, retranqueando o eliminando motas y diques y creando cauces de alivio;
  • la instalación de compuertas en las motas que permitan, en crecidas extraordinarias, expandir inundaciones blandas, previo acuerdo de adecuadas compensaciones a los propietarios, y evacuar el agua cuando el nivel del río baje (hoy la inundación, que se producen por debajo de las motas, por vasos comunicantes, se mantiene durante semanas, al evitar las propias motas el drenaje hacia el rio).

En suma, estrategias que, sin despreciar la función laminadora de las infraestructuras de regulación, centran las prioridades en la recuperación del buen estado de los ecosistemas ribereños, en la reordenación territorial de los entornos fluviales y en la protección de los espacios urbanos.


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Doctor en Físicas y Profesor Emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Diputado Congreso por Zaragoza con Unidos Podemos. Su investigación en “Economía y Gestión del Agua” se ha publicado en 70 libros, en más de 100 artículos y múltiples ponencias a congresos. Fue miembro del comité científico del Programa MAB de UNESCO; Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (NCA) y de los dos primeros Congresos Ibéricos de Aguas (Zaragoza-1998; Oporto-2000); presidió (2005) el Encuentro Latinoamericano por la NCA en Fortaleza (Brasil) y coordinó la Declaración Europea por la NCA, firmada por 100 científicos de la UE, y el “Foro Ético del Agua”, en 2008 en Zaragoza. En el ámbito social, promovió el Colectivo por la Paz y el Desarme en Aragón y la CEOP a nivel estatal, con movilizaciones masivas como la Cadena Humana a la Base Americana. Promovió Ecofontaneros y Ecologistas en Acción en Aragón; ASA-Acción Solidaria Aragonesa; COAGRET (Coorinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases); la Fundación NCA; la Plataforma de Defensa del Ebro, con movilizaciones como la Marcha Azul a Bruselas; RAPA (Red Agua Pública de Aragón), contra la privatización del agua. Entre los premios recibidos, destacan: el Premio Goldman de Medio Ambiente en 2003 que recibió en San Francisco (EEUU); el Memorial Juan XXIII por la Paz (2004) en Barcelona; o la Medalla al Mérito Universitario (2006) de la Universidad Veracruzana en Xalapa (México)

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