El 11 de julio se firmará en Bruselas el tratado UE-Japón, cuya ratificación se producirá a finales de año en el Parlamento Europeo y que comenzaría a aplicarse provisionalmente el primer trimestre de 2019. Diversas organizaciones políticas y sociales han mostrado su rechazo hacia este tipo de Tratados de Comercio e Inversión que, como el CETA, plantean graves dudas por sus impactos sociales, medioambientales, laborales y de género.
Estos tratados están siendo negociados con graves deficiencias democráticas y de participación de la sociedad civil. Desde diciembre del año pasado, la Comisión Europea está haciendo todo lo posible para acelerar la aprobación de este y otros acuerdos comerciales, excluyendo por primera vez a los parlamentos nacionales del proceso de ratificación. Es especialmente grave la aprobación de este tratado puesto que lo convierte en el primero de una serie de tratados de comercio que no pasará por las Cortes Generales, es decir, que se tratará como UE-Only (tratado de competencias únicas de la UE) y no como un tratado “mixto” como lo fue el CETA, que requería la aprobación de las cortes.
El 28 de mayo el PSOE publicó los “Principios para los Tratados Comerciales” donde se recoge la necesidad de un ‘Procedimiento Democrático de “doble llave” y Participación’ que exige la coordinación del Parlamento Europeo (que debe llevar el control del proceso frente a la Comisión, así como la iniciativa para alcanzar una posición común) con los diversos parlamentos nacionales, incorporando así al nivel deliberativo a los distintos poderes públicos -nacionales, regionales y locales-. Añade la necesidad de un período de consulta ampliamente difundido y lo suficientemente accesible y prolongado para que todos los implicados puedan participar (incluyendo además de a las empresas, inversores y representantes de los trabajadores, a organizaciones representantes de las mujeres y en defensa de la igualdad de género, así como aquellas en defensa de los derechos laborales y medioambientales.)
Debemos seguir estos principios que recientemente ha acordado y rechazar la propuesta de la Comisión Europea para una decisión sobre la firma del JEFTA y que se solicite al Consejo de la UE que se califique como “mixto” para permitir a los parlamentos nacionales seguir un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática del tratado mediante una prórroga -de mínimo seis meses- que permita analizar y debatir la propuesta en las cortes y los parlamentos autonómicos. Es imprescindible realizar un estudio de impacto público e independiente con la participación de agentes sociales, sobre impactos económicos, sociales, ambientales y de género del JEFTA.
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