La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó este domingo al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Vaticano a «reevaluar con urgencia» el caso de Nicaragua, luego de que el Gobierno, dijo, actuó con violencia contra manifestantes 24 horas después de haberse comprometido a respetar la Constitución.

«Llamamos al Consejo Permanente de la OEA, al Estado Vaticano, y a la comunidad internacional, a reevaluar con urgencia el estado de situación de nuestro país y actuar con prontitud», informó la Unidad, en un comunicado.

La Unidad se dirigió de manera especial hacia la OEA y el Vaticano debido a que sus representantes en Nicaragua actúan como «testigos y acompañantes» en las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para encontrar una solución pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Por la Secretaría General de la OEA participa el exministro de Defensa de Uruguay, Luis Ángel Rosadilla, y por el vaticano está el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.

La OEA ya ha iniciado el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que le traería la suspensión del organismo.

El llamado de la Unidad se da un día después de que policías y paramilitares agredieron a manifestantes en un centro comercial céntrico de Managua, con saldo de 11 detenidos, 4 heridos de bala incluyendo al agresor, al menos 3 lesionados por golpes de los agentes, y 3 reporteros arremetidos, según denunciaron organismos.

La violencia de los policías y fuerzas de choque oficialistas contrastó con la protesta en contra del presidente Daniel Ortega, que se desarrollaba de forma pacífica minutos antes.

«Es urgente el establecimiento de medidas que, en el corto plazo, conduzcan a la realización de cambios profundos en la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial», subrayó la Unidad, que abogó por el adelanto de las elecciones generales de 2021, como única garantía de que en Nicaragua sea reinstaurada la constitucionalidad.

La crisis de Nicaragua ha dejado unos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales cuentan 561 y el Gobierno reconoce 199.

Unas 809 personas se mantienen en la cárcel como «presos políticos», según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes «de lesa humanidad».

Ortega, quien lleva 12 años seguidos en el poder, tras haber gobernado por 10 años entre 1980 y 1990, afirma que la crisis en realidad es un intento de golpe de Estado «fallido».