La reforma laboral de febrero de 2012 salió adelante a iniciativa del Partido Popular con el apoyo de Convergencia i Unió. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy indicaba que con esta reforma iba a «facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis«, además de «acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable«.
En relación a los objetivos marcados, la reforma laboral ha fracasado estrepitosamente. El principal motivo para acabar con ella es el nuevo tipo de trabajo que ha generado, con sueldos bajos, seguridad laboral escasa, poca estabilidad generada por la falta de contratos indefinidos e indemnizaciones por despido precarias.
La reforma laboral fue aprobada paro sin haber alcanzado acuerdos con los principales agentes sociales y sindicatos. Se mostraron claramente contrarios al contenido de la reforma aprobada por el Gobierno los portavoces parlamentarios de IU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Q, mientras que el del PNV mostró su reserva ante el proyecto y UPyD lo consideró «manifiestamente mejorable». ambién se mostraron en contra los líderes del principal partido de la oposición, el PSOE.
Ese mismo PSOE renunció a la derogación de la reforma laboral que prometió durante su gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, indicando que se limitaría a cambiar una decena de puntos de las leyes que regulan el mercado de trabajo, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal.
La reforma laboral de Rajoy ha resultado una herramienta para beneficiar a las empresas a costa de dinamitar los derechos de los trabajadores españoles. Por ejemplo, para evitar el despido de trabajadores, la reforma laboral concede a las empresas un conjunto de facilidades para bajarles el salario y cambiarles las condiciones de trabajo de forma unilateral. Es lo que se conoce técnicamente como flexibilidad interna. Entre las primeras medidas, cabe destacar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, una mayor facilidad para no aplicar el convenio de ámbito superior (los denominados descuelgues) y la limitación a un año de la extensión de los convenios cuya vigencia ha expirado.
Para rebajar la indemnización pagada por la empresa, la principal novedad de la reforma fue la conversión de despidos objetivos improcedentes en procedentes. Así, solo que la empresa tuviera una disminución de ingresos durante tres trimestres consecutivos, la indemnización bajaba a 20 días por año trabajado, con una percepción máxima de 12 mensualidades.
Como resultado de la reforma laboral de 2012, se necesita firmar más contratos indefinidos que antes de la reforma para consolidar un empleo estable, según un informe de CCOO. En 2018 se firmaron 1,6 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que se mantenía a final de año, cuando antes de 2012 solo requería entre 1,1 y 1,2 contratos.
Antes de la reforma laboral de 2012, la inmensa mayoría de las contrataciones indefinidas de un año (85-90%) se mantenían al finalizar el año. Desde entonces, solo el 63% de los contratos indefinidos firmados en 2018 seguían activos a fin de año. En el caso de los contratos indefinidos que duran al menos entre 1 y 2 años, la supervivencia media se reduce todavía más y se limita al 50%. Es decir, la mitad de los contratos indefinidos no siguen activo dos años después de ser firmados.
Para la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, estos datos ponen de manifiesto “los efectos perniciosos de la reforma laboral ejecutada por el Partido Popular que, tras aparentes formas más modernas de organizar las empresas e incentivar la contratación, esconden antiguas formas de explotación y abren la puerta a la descontrolada rotación laboral de la contratación indefinida y, en definitiva, al aumento de la precarización del trabajo” y, en consecuencia, la necesidad ineludible de derogar la reforma laboral.
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