Victoria Portas
Relaciones Laborales y experta en Seguridad Social
Miembro de COESPE y MODEPEN
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, también conocida como “Ley Montoro” del año 2012, fue una ley orquestada por Bruselas con el fin de imponer un control por parte del Estado de los gastos a nivel local y autonómico como precepto del artículo 135 de la Constitución.
La “Ley Montoro” no deja de ser una política de intervención del PP sobre las entidades políticamente incómodas a niveles municipales y autonómicas, y no es más que la aplicación del artículo 155 sobre los ayuntamientos que no podían controlar y en la línea marcada por la política neoliberal de la UE.
La propia Airef (Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal), responsable de vigilar las cuentas públicas, reconoce que dicha Ley de Estabilidad nunca tuvo razón de ser, pero menos aún que se siga aplicando actualmente cuando ya que más de 8.000 ayuntamientos españoles tienen más ahorro que deuda.
Los ayuntamientos son realmente las entidades del Estado que más ingresos estables obtienen y menos sensibles al ciclo de la economía, es decir, los ingresos por IBI o el Impuesto de circulación no dejan de pagarse en caso de recesión, es más, aumentan su cuantía. Por ello, la Ley Montoro lo que hace es que a más alto superávit de las cuentas del Ayuntamiento, más se debe disponer para el pago de la deuda y no para gastos o inversiones sociales.
En definitiva, es una ley que ata de manos y pies a las corporaciones municipales, una ley que da libertad al Estado de custodiar nuestros impuestos para pagar la deuda de los bancos, pero prohíbe a nuestros ayuntamientos invertirlos en servicios sociales, por ello se produce la paralización casi por completo de obras de escuelas Infantiles, polideportivos, arreglo de calles, centros de mayores, ley de dependencia, etc.
Una ley que no deja convocar empleo público y que si permite que se haga mediante empresas por las mesas de contratación, es decir, una ley que impide la municipalización de los servicios que son abonados a través de los impuestos de la ciudadanía (basura, agua, ayuda a domicilio, alumbrado…), aún cuando estos suponen un ahorro en el erario público; pero que permite la subcontratación para enriquecimiento de manos privadas.
Un ejemplo son las empresas de Florentino Pérez, que se hacen con servicios públicos a bajo coste, que lo compensan con un mal servicio (personas mayores mal atendidas en residencias) y que repercute en los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas (las trabajadoras del servicio doméstico mal pagadas e incluso sin cobrar) para beneficio propio.
El gobierno de la derecha sacó una ley del bolsillo para llevar a cabo las privatizaciones encubiertas que ya no estábamos dispuestas a permitir y le traslada la responsabilidad de incumplimiento ante a su ciudadanía a las Corporaciones Municipales.
La ciudadanía debemos ser conscientes del robo, exigir políticas sociales y acompar a las corporaciones en la lucha por la excarcelación de los recursos de los ayuntamientos y en la devolución de los servicios básicos a la ciudadanía que supondría más inversión en las ciudades, para su gente y en un futuro más sotenible y digno.
No puedo callarme cuando veo que el Estado beneficia a los grandes capitales a costa de nuestros impuestos y luego dice que no hay dinero para sanidad, servicios sociales, dependencia, empleo, educación, pobreza infantil… en definitiva en un Estado de Bienestar Social que todas y todos construimos.
