De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido, con diferencia, en la región con mayor número de desapariciones a nivel mundial.

Las ONG de búsqueda y rescate del Mediterráneo central tienen que realizar su labor fundamentalmente porque Italia, Malta y la UE han dejado de hacer su trabajo, eliminando las operaciones de rescate marítimo público que existían en la zona. 

En 2013 después de numerosas tragedias en el mediterráneo, Italia crea Mare Nostrum: un dispositivo de salvamento de la Marina italiana para socorrer a personas en el mar. El balance del operativo, según el Ministerio del Interior italiano, es de más de 100.000 personas salvadas, la mayoría procedentes de Siria y Eritrea, y 728 patrones de barcazas detenidos.

En 2014 Mare Nostrum fue sustituida por Tritón y después por Sofia, desde entonces coordinadas por UE. El resultado es una redución del presupuesto, del personal y de los medios, centrándose además en el control de fronteras y no en el salvamento marítimo. Con esta lógica de asegurar las fronteras, a nivel práctico las políticas contra el tráfico y la trata de migrantes se confunden con, o son diseñadas como, políticas de gestión de la inmigración irregular.

De esta manera y ante la falta de operaciones de búsqueda y rescate por parte de los gobiernos europeos, ONG y particulares toman el relevo del salvamento. Esta situación nunca debería de haber pasado, pero responde a la dejación de funciones humanitarias de la UE y estados miembros. Se prioriza la vida de los inocentes a cumplir las normas que los abandonan.

En un inicio, la Unión Europea vio la iniciativa de las ONG como complementaria a su estrategia de vigilancia, pero pronto se conviertieron en un problema al ser testigos incómodos. En los últimos años la Unión ha adoptado una estrategia de desgaste hacia las ONGs y particulares operando en el Mediterráneo con fines humanitarios.

Esta estrategia de presión se basa en la sospecha, vigilancia, amenaza y finalmente acusación por presunta trata o tráfico de migrantes a estos actores de la sociedad civil. El número de organizaciones acusadas por un supuesto delito de tráfico ilegal de personas no ha parado de incrementarse en el Mediterráneo.

La escalada de muertes y desapariciones de inmigrantes y refugiados en el Mediterráneo en los últimos cinco años representa el mayor desastre humanitario en la historia de la UE.

¿Por qué no los llevan a un puerto de Túnez o a Libia? 

Ni Libia ni Túnez, que son los países más cercanos de la ribera sur mediterránea, pueden ser considerados puertos seguros según el derecho internacional.

El caso de Libia en donde persiste un conflicto armado con diversas fracciones que combaten por el control del territorio, no puede considerarse nunca un puerto seguro. El propio Ministerio de Exteriores español desaconseja viajar a Libia, hecho que confirma el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicando que no es un puerto seguro para el desembarco de inmigrantes e insistiendo en que su destino y el de los solicitantes de asilo es responsabilidad de la comunidad internacional.

El caso de Túnez puede ser a simple vista más polémico al no tener ningún conflicto armado. Por eso es fundamental tener en cuenta que Túnez no dispone de una ley de asilo por lo que no puede ser considerado un puerto seguro para demandantes de asilo. El propio Tahar Cherif, embajador de Túnez en Bruselas, ha sido claro al respecto: «Túnez no tiene ni los medios, ni las condiciones, ni la capacidad para crear centros para atender a los demandantes de asilo”.

Solo en Malta, Italia y España

Al descartar por el derecho internacional humanitario tanto Túnez como Libia como puertos seguros, lo que nos queda es Malta e Italia que desde la llegada al gobierno de la extrema derecha de Salvini ha practicado una política de “puertos cerrados”. Al hacerlo, el país se salta seis tratados internacionales:

  1. DERECHO MARÍTIMO
  2. CONVENIO SOBRE BÚSQUEDA Y RESCATE MARINOS
  3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
  4. CONVENCIÓN DE GINEBRA
  5. CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE
  6. CONVENIO EUROPEO DE DDHH

España como mediadora

El ‘Open Arms’ no está pidiendo que se le dé un puerto en España, lo que solicita es que se cumpla el derecho internacional y que se active el mecanismo de reparto de la UE para las personas rescatadas. Pero para ello un estado miembro, como es España, lo tiene que solicitar.

Esto es lo único que tiene que hacer el gobierno de Sánchez y que tantos comentarios xenófobos e insolidarios está causando en redes sociales. Comentarios como «acógelos tú en tu casa» se están viendo a diario fomentados por la ultraderecha de Vox y los medios de masas con intereses partidistas. España solo debe solicitar activar el mecanismo de reparto de la UE, punto.

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